La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ve "difícil" que la reforma del sistema de financiación autonómica se trate y se acabe antes de las elecciones autonómicas de mayo del 2015, porque los próximos meses van a ser ya los de la precampaña electoral y "no es el mejor momento" para hablar de esta cuestión. Así lo manifestó al ser preguntada por Efe sobre la petición que recientemente han hecho los presidentes de Andalucía y Canarias, Susana Díaz y Paulino Rivero, respectivamente, quienes exigieron la convocatoria urgente de una conferencia de presidentes para tratar la renovación del sistema de financiación autonómico y la reforma fiscal. Rudi apuntó que a la vuelta del verano las comunidades de régimen general ya entrarán en la precampaña de las elecciones de mayo y ese no es un buen momento para tratar la reforma de sus sistema de financiación. Al respecto, ha explicado que las comunidades autónomas españolas se dividen "en dos bandos que no tienen que ver con el color político" de sus gobiernos. En un lado, están las más pobladas, que piden que en el reparto de fondos prime "aún más" la población, como Madrid, Cataluña o Valencia, y en el otro las menos, como Aragón y las de interior, entre ellas Asturias, de color político distinto al de Rudi.
El propio Montoro y los principales responsables del Ministerio de Hacienda ya han dado por cerrada la posibilidad de reformar este sistema, vigente desde el 2009, a pesar de que durante toda la legislatura el PP se había comprometido a reformarla ante las continuas quejas de casi todas las comunidades, que se consideran mal dotadas presupuestariamente. Rudi considera que las demandas de las comunidades de interior "ya ha calado" en el Gobierno central, igualdad en la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos independientemente del lugar en el que vivan. Para conseguirlo, dijo que es "imprescindible" tener en cuenta el territorio, la despoblación y el envejecimiento, puesto que tener una población "sobreenvejecida", como ocurre en Aragón, acarrea un coste sanitario "mucho más elevado", algo que no quieren asumir las comunidades más pobladas.
