El flamante presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió ya ayer su cargo ante el jefe del Estado. Y ante la Constitución única y exclusivamente, siendo el primero que renuncia a hacerlo con Biblia y crucifijo de acompañamiento. En este acto verbalizó su compromiso de «cumplir y hacer cumplir» la Carta Magna, como fórmula protocolaria. Pero Sánchez insistió en las últimas horas, durante el debate de la moción de censura, en que esa será su línea roja frente a demandas nacionalistas e independentistas: no sobrepasar el texto constitucional que, al mismo tiempo, plantea reformar. No podrá ser en esta legislatura por las mayorías que hay en las Cortes, advirtió, pero sí pretende al menos que haya debate en el Congreso avalándolo desde Moncloa.

A partir de ahí, subrayó que habrá diálogo «más allá de las togas» y buscará una «solución política» para los «problemas políticos» que detecta tras la crisis territorial. Sánchez reconoció en ese debate en el Parlamento a Quim Torra (de quien reiteró que rechaza sus ideas supremacistas) y a su Govern, ese que tomó posesión el mismo día que él, como interlocutores. Eso complació al PDECat. Es más, el nuevo presidente español manifestó su deseo de reunirse, una vez tenga consejo de ministros, con Torra, así como con Iñigo Urkullu, con quien ya ha mantenido una primera conversación. Los nacionalistas vascos pretenden que se desarrolle íntegramente el Estatuto de Gernika, entre otras cosas, por lo que exigirán una nueva entrega competencial.

Quien en horas será inquilino de las dependencias monclovitas está volcado en diseñar su gabinete. Parece que a partir del lunes los elegidos recibirán llamadas con el ofrecimiento gubernamental. Al tiempo, el jefe del Ejecutivo y su equipo preparan gestos para con Cataluña y Euskadi. Y sus posibles interlocutores, demandas. El president avisa que quiere diálogo fluido entre administraciones y sacar adelante leyes sociales ahora paralizadas por el Constitucional.

Esta última cuestión es, precisamente, una de las que Sánchez tiene en la cabeza. Quiere disminuir los asuntos recurridos desde el Gobierno en el TC que afectan a legislación autonómica (gesto que ya tuvo José Luis Rodríguez Zapatero). Es proclive a que los catalanes puedan tener, después de dialogar sobre ellas, algunas de las leyes que su Parlament impulsó y fueron frenadas por el Alto Tribunal. Y considera que el documento de más de 40 puntos que el Puigdemont entregó a Rajoy puede ser recuperable y, algunas de sus peticiones, extendibles a otras comunidades.

Por su lado, fuentes parlamentarias del PDECat señalan dos iniciativas que, frente a esa comprometida cita entre Sánchez y Torra, podrían «destensar» la situación. En primer lugar, acabar con el control reforzado del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Aprobada en el 2015 por el Gobierno del PP, la medida, todavía en vigor pese al cese del 155, condiciona lo pagos al respeto al ordenamiento jurídico. Por otro, derogar el decreto de octubre del año pasado, en el momento más tenso de las relaciones entre Estado y Generalitat, que facilita el cambio rápido de residencia de una compañía empresarial, para que la decisión pueda tomarla el consejo de administración sin pasar por junta de accionistas.

TEMAS ESPINOSOS / No son asuntos sencillos para el presidente socialista. El primero, porque él mismo lo avaló ante Rajoy. De hecho, en la reunión que ambos mantuvieron en mayo, cuando Torra se hizo con el poder, emitieron un comunicado conjunto en el que dejaron, negro sobre blanco, que PP y PSOE respaldaban «la vigilancia» de los recursos públicos al servicio de Cataluña para evitar su uso en pro de la secesión. También que se impediría cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas propias de un Estado independiente. «Y eso se incluyó en el texto porque lo quiso Sánchez, así que si ahora incumple, estaremos en nuestro derecho de denunciar su deslealtad», advierten fuentes populares. El segundo punto, el de las empresas, es complicado por la presión que recibirá del IBEX y el mundo económico.

Los diputados del PDECat confían en un cambio de etapa y en que se normalice el debate territorial. Las fuentes consultadas explican que habrá dos dinámicas. Una proveniente del exterior, por parte de Puigdemont y los exconsejeros huidos, más frentista. Otra, desde Barcelona, en la que Torra y su Govern tendrán un tono menos agresivo. Los convergentes también anhelan que el relevo favorezca a los dirigentes presos. Y que, en todo caso, las gestiones tendrán que hacerse «con la máxima discreción».