El Gobierno recibió con «desasosiego» la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los clientes a pagar el impuesto sobre las hipotecas. Convencido de que la indignación ciudadana podía llenar las calles de manifestaciones, Pedro Sánchez reacciona y fuerza a la banca a pagar. El Consejo de Ministros aprobará hoy una modificación legislativa para que a partir de ahora sean las entidades financieras y no los clientes quienes asuman el pago de ese gravamen, en una medida, eso sí, que no tendrá retroactividad. Podemos, Ciudadanos y el PDECat la apoyarán en el Congreso (aunque los morados la consideran insuficiente). ERC y PNV no lo han decidido y el PP pide que se elimine el impuesto, que nutre las arcas autonómicas.
La vía para que sean los bancos quienes paguen es un real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este jueves para modificar la ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. «Queremos que pague la banca y no la ciudadanía», resumió Sánchez en una comparecencia celebrada con urgencia en la Moncloa tras reunir a su gabinete para embridar una sentencia que no ha gustado nada al Gobierno. La norma se publicará el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor a partir del día siguiente, aunque al ser fin de semana en la práctica operará a partir del próximo lunes.
Con esta fórmula, los ciudadanos que firmen hipotecas a partir de la semana que viene ya no tendrán que pagar el impuesto. No afecta a quienes ya tengan suscrito un crédito. El Gobierno rechaza, en todo caso, la propuesta del PP para eliminar totalmente la tasa, y recuerda que este impuesto permite a las comunidades autónomas una recaudación fundamental para poder sufragar el Estado del bienestar.
Según cálculos de la agencia de calificación Moody’s, el pago de este impuesto supone una cantidad aproximada de 640 millones de euros al año. En los últimos días, las entidades financieras han dejado entrever que en caso de tener que asumir el pago del impuesto, este coste sería repercutido a los clientes a través de un encarecimiento de las comisiones o de los tipos de interés asociados al préstamo hipotecario.
LA COMPETENCIA, UN ANTÍDOTO / «Creo y espero que no» será así, interpretó Sánchez sobre esta última posibilidad. Según el presidente, la competencia entre entidades por la captación de clientes servirá de antídoto contra la tentación de repercutir los costes del impuesto a estos. Además de obligar a los bancos a pagar, el presidente del Gobierno anunció que en las próximas semanas se impulsará la creación de una autoridad independiente de protección a clientes financieros para evitar eventuales abusos de la banca.
En realidad la ministra de Economía, Nadia Calviño, ya estaba incumpliendo el plazo de ocho meses que fijó la ley 7/2017 del año pasado y que venció el pasado 3 de julio para presentar un proyecto de ley que «regule el sistema institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones». Ahora, la polémica suscitada por el Supremo parece haber dado el impulso definitivo a esta iniciativa.
AUTOCRÍTICA DEL SUPREMO / El Gobierno «lamenta» el fallo del Supremo y cree que el tribunal debería hacer «autocrítica», pero Sánchez se guardó de abonar la tesis de que esta polémica le desacredita para juzgar el procés. El juicio a los líderes independentistas empezará en enero y el Ejecutivo admite que un clima de movilizaciones en la calle echando por tierra la reputación del TS es un escenario inquietante.
«Tiene que hacer autocrítica el Tribunal Supremo, pero son cosas distintas, nada tiene que ver una con la otra», desvinculó Sánchez.
También dejó un aviso a navegantes cuando le preguntaron qué le parece que su principal aliado, Pablo Iglesias, convocase una manifestación, azuzando la indignación. «Nosotros creemos que la oposición se tiene que hacer en las instituciones», señaló Sánchez.
