El pulso de estos cuatro años con el presidente aragonés, Javier Lambán, del alcalde y ahora candidato de Zaragoza en Común (ZeC) a revalidar el cargo, Pedro Santisteve, a propósito del Impuesto de la Contaminación de las Aguas (ICA) ha tardado solo cuatro días en salir en la campaña electoral de este último. Lo hizo ayer, tras reunirse con representantes de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), para exigir una «solución urgente en vía parlamentaria» a un problema que derivó en una «reacción de la ciudadanía, radicalmente indignada» y en «106.000 impagos y cerca de 40.000 recursos interpuestos» porque «considera que es injusto». Un tributo «más justo y progresivo» y «transparente» reclamó.

Su relato de este enfrentamiento lo componen las comisiones de investigación que, dijo, «han sido intentos fallidos para poner de relieve el fiasco que fue el plan de depuración aragonés y la importancia que tiene la reforma de la ley de aguas», así como el «bloqueo» al que, aseguró, ha sometido Lambán a la bilateral con la capital solo porque ZeC «no se ha plegado al chantaje y a sus dictados». La propuesta de la DGA, apostilló Santisteve, «hace caer sobre la ciudadanía todo el fiasco que fue ese plan y el problema a futuro hasta el 2045 de cerca de 540 millones de euros que tenemos pagar los zaragozanos por un problema que nosotros no hemos generado». «Hemos depurado nuestras aguas financiando depuradoras sin ayuda externa, ya amortizadas, y ahora nos viene esta sangría», añadió.

«Nosotros no nos negamos, pero Zaragoza tiene necesidad de invertir una media de 7 millones de euros al año en su propia red y es solidaria con el entorno, como hemos demostrado pagando nuestra depuración», explicó, para reclamar a la comunidad que abandone tantos proyectos sobredimensionados y ajuste el recibo a un «índice medio como es el coste del metro cúbico del agua en España para ver qué debe pagar cada municipio».