La amenaza de incurrir en la prevaricación le concede al Gobierno de Aragón una nueva victoria frente al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). El alcalde, Pedro Santisteve, y el responsable de Economía, Fernando Rivarés, confirmaron ayer que, tal y como adelantó ayer EL PERIÓDICO, el consistorio acató el requerimiento de la DGA y envió «por obligación legal» todos los datos fiscales del padrón del agua que permitirán a la comunidad autónoma cobrar este año el denominado Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) a todos los zaragozanos este año. Con año y medio de retraso, se abre la puerta a que el Ejecutivo autonómico obtenga más de 27 millones de euros, 15 correspondientes al 2017 y 12 por el 2016.

La capital, nuevamente, se atiene a lo que manda la legalidad por más que considera que se trata de un impuesto «injustísimo» que solo servirá para financiar un plan aragonés de depuración «ilegal» y «sobredimensionado», y pese a que mantendrá la batalla judicial, con el recurso ante el Tribunal Constitucional y en vía administrativa, para que algún día un juez lo pueda anular. Pero para entonces, cuando haya sentencia firme, la aplicación deberá tener un carácter retroactivo. Porque, de momento, con estos datos, todos los zaragozanos deberán hacer frente al tributo autonómico este mismo año.

EL PAGO, POR EL 2016 // La demora del consistorio en remitir el padrón del agua al menos ha servido para retrasar el giro del primer recibo. El Gobierno aragonés tenía previsto que los zaragozanos pagaran en dos veces, la primera en junio, y ahora es inviable. Será un único envío y está por ver si llega a los hogares y empresas en septiembre o a lo largo del próximo otoño. Lo que sí está calculado es el coste medio, de «entre 42 y 45 euros por hogar» que este 2017 deberán abonar de una sola vez.

Y será un pago correspondiente al ejercicio 2016, atrasado, que es cuando entró en vigor la ley autonómica que obligaba a pagar el ICA a Zaragoza y que le iba a reportar unos 12 millones de euros en ingresos a las arcas de Aragón. Está por ver cuándo llegan los mismos datos enviados ayer pero referidos al año en curso, en base a los cuales, si diera tiempo, aún podría tener que abonarse un nuevo recibo correspondiente al primer cuatrimestre de este año.

De momento, el ayuntamiento ayer hacía especial hincapié en que este envío se hace en contra de su voluntad. Y por la «fiscalidad opresora de la DGA». Así lo definió el responsable de las finanzas municipales, Fernando Rivarés, que al término de la reunión celebrada con una veintena de agentes sociales y económicos de la ciudad anunció que empezaba el consistorio a transferir los datos fiscales para favorecer el cobro del ICA. «No queremos hacerlo, seguimos sin querer, pero lo hacemos por obligación legal. Hoy acaba el plazo y cumplimos una ley con la que estamos radicalmente en desacuerdo como Gobierno. Y me encanta la palabra radical. Con esa ley y con la práctica, pero la cumplimos. Eso sí, mantenemos nuestros dos procesos judiciales en contra», expuso el edil.

Rivarés destacó que este tributo «grava a todo el mundo por igual; viola la progresividad que, en materia de agua, esta ciudad lleva muchísimos años aplicando, y que ha aumentado mucho en los dos años de ZeC; y rompe de un sablazo algunas apuestas económicas y empresariales de esta ciudad como el turismo o el apoyo al pequeño comercio. Porque afecta a las casas, los comercios, las industrias y las empresas».

Acatar la imposición autonómica significa, además, dirigir los recursos el «único objetivo» de conseguir 27 millones de euros «pagar un pufo histórico con aquel injustísimo e irreverente plan que nunca fue real, que nunca se cumplió, que fue siempre sobredimensionado y que llegó a suponer cuatro veces más en coste real de lo que debería haber supuesto». Se refería así a un plan aragonés de depuración que, además, «nunca fue explicado ni auditado».

Por eso aseguró que en el tejido social y empresarial de Zaragoza hay «un susurro en forma de clamor o un clamor en forma de susurro en contra de este bárbaro impuesto, que siempre se planteó para que Zaragoza asumiera el coste de ese plan».

Se trata, añadió, de «una masacre, una barbaridad» que además «incumple la normativa europea» al no revertir la recaudación en inversiones para el saneamiento en Zaragoza. Porque Rivarés aseveró que la DGA «no quiere» hacerlas y tampoco las garantiza con el cobro de este impuesto, con el que se estima que obtendrá «más de 500 millones en 30 años», apostilló Santisteve. El alcalde, en este sentido, cifró en «unos 40 o 50 millones» los que las infraestructuras zaragozanas necesitarán en los próximos años, para las que ahora no tiene atado ni un solo euro.

Por eso, el ayuntamiento ha decidido buzonear una carta a todos los ciudadanos en la que explicar «qué es el ICA, quién lo recauda y para qué sirve». Y Santisteve anunció que reclamará al presidente aragonés, Javier Lambán, la reunión «urgente» de la comisión bilateral que acordaron crear entre la DGA y el consistorio cuando ambos sellaron el acuerdo por la ley de capitalidad. Que «se ponga en marcha ya» porque también hay que abordar «lo descorazonador que es no cobrar la deuda del tranvía y la injusticia que todo esto supone» y no zanjarlo «tirándose los trastos a la cabeza» entre instituciones.