Las buenas noticias para las familias de los colegios concertados afectados por el posible cierre de aulas corrieron ayer por la mañana como la pólvora a través de los teléfonos. Uno de los primeros que supo de la resolución judicial fue el Virgen de Guadalupe, cuya presidenta del Ampa, Susana Aliaga, no pudo esconder su «satisfacción y alegría» tras la decisión.
«Ha sido un periodo de mucha incertidumbre. Aunque con la ley en la mano estábamos tranquilos porque sabíamos que nos iban a dar la razón, siempre se viven momentos difíciles», dijo.
Miguel Ángel García, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón (Fecaparagón), indicó que ha ocurrido «lo que era justo» y pidió a Educación «que reflexione tras este toque de atención, porque se les está diciendo que lo que proponen no es legal», señaló. «Nos preocupa que insistan en que seguirán con la misma planificación», dijo.
Desde la Federación de Sindicatos Independiente de Enseñanza de Aragón (FSIE), su secretario general Miguel Malla apuntó que están «contentos», pero que «no se trata ni de una victoria ni de una derrota, simplemente se ha dictado justicia», dijo.
Bajada demográfica
Por su parte, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) mostraron su «absoluto respaldo» al Departamento de Educación y señalaron que no comparten la decisión de la justicia. «Los anunciados cierres se embarcan en el contexto de una necesaria planificación en aras a buscar la imprescindible corresponsabilidad de la red concertada ante una bajada demográfica que, exclusivamente, ha asumido hasta la fecha la red pública», señaló la presienta de Fapar, Flor Miguel.
Desde Podemos, el diputado Carlos Gamarra indicó que la decisión va «contra la intereses generales de protección de la escuela pública» y lamentó que la administración no pueda dar «ni un tímido paso hacia una planificación educativa más eficientes».
La portavoz del PP en educación, María José Ferrando, lamentó que «nuevamente» hayan tenido que ser los tribunales los que garanticen la libertad de elección de centro educativos, mientras que desde el PAR, María Herrero, recordó que ya advirtieron a Lambán y se mostró satisfecha con la decisión judicial.
