El consejero de Hacienda, José Luis Saz, no había hablado aún ante los medios sobre el incumplimiento del déficit. Sus asesores citaron ayer a los medios en los pasillos de las Cortes. "Para que nadie pueda decir que no damos la cara", dijeron. Luego llegaron las declaraciones del titular económico del Gobierno, y no respondió con claridad a ninguna de las preguntas. No aclaró si ha pensado en dimitir; ni especificó los ajustes que tendrá que hacer; ni si considera que ha fracasado en la tarea que su jefa de filas, Luisa Fernanda Rudi, le encomendó. Esto es, el control presupuestario, la ortodoxia, lograr que Aragón fuera la comunidad más cumplidora.

Solo reconoció, y a duras penas, lo obvio, que se ha incumplido el déficit. Algo tan palmario que ni aún enmarañando las cifras y los datos entre lo que dice el Ejecutivo y lo que dice Cristóbal Montoro, logran salir a flote los argumentos de Saz. "Es obvio y está claro que no se cumple con esos parámetros", señaló Saz, quien anunció que, pese a ello, el Gobierno de Aragón continuará trabajando por la consolidación fiscal, pero sobre todo por defender los intereses de los aragoneses y la asistencia sanitaria.

Porque ese es el nuevo argumentario del Ejecutivo. Incumplido el déficit, gran objetivo del equipo de Luisa Fernanda Rudi, durante esta legislatura, ahora toca decir que lo prioritario son los servicios sociales. Negó incluso que se haya recortado en sanidad bajo el argumento de que han aumentado un 15% las intervenciones quirúrgicas en horario de mañana. Nada dijo que las listas de espera lleva casi un año sin publicarse. Ni del desabastecimiento de material de algunos centros sanitarios debido a los ajustes de su Gobierno precisamente para cumplir con el déficit.

El Gobierno de Aragón deberá desarrollar un plan de ajuste, a partir del mes de abril, cuando el Ministerio de Hacienda elabore el informe descriptivo que detalle el déficit estructural de la comunidad. Aseguró que desconoce la "cifra aproximada" que tendrá que recortar, por lo que no aclaró donde prevé el Gobierno de Aragón meter la tijera.

Por lo que se refiere a la discrepancia "técnica" con el Estado a la hora de calcular el déficit, el consejero detalló que el manual de Eurostat no es igual con el que maneja la Administración del Estado. "Ya dijimos que no concordaban y que, por lo tanto, tendría que aplicarse el de Eurostat. Y lo llevamos diciendo un tiempo", recordó. No obstante, al margen de este "contencioso técnico", el Gobierno sí que reconoce un déficit de 81 millones de euros, debido en su mayoría al gasto sanitario.