El Gobierno de Aragón suele comulgar con las leyes emanadas del Estado. Así ha sido con la reforma de la enseñanza y también con la del aborto, por señalar dos de las más polémicas. La sectorial de educación se reunió ayer en Madrid con presencia de todos los consejeros autonómicos del ramo y del ministro José Ignacio Wert. Debía fijarse el calendario de aplicación de la nueva normativa para Secundaria y Bachillerato. Algunas comunidades mostraron su rechazo a la norma, y otras pidieron más tiempo para introducir los cambios. En el caso de Aragón, la consejera criticó el conato de insumisión y se mostró convencida de que, aunque con dificultades, la ley se aplicará según lo establecido.

Es decir, la norma, a través de sus correspondientes decretos, se aplicará en primero, tercero y quinto de Primaria en el curso 2014-2015. Lo mismo ocurrirá con la Formación Profesional Básica. Para que tenga efectos sobre Secundaria y Bachillerato habrá que esperar hasta el curso 2017-2018. Más tarde de los previsto. Wert ante las protestas de las comunidades tuvo que retrasar su implantación en estos tramos educativos.

PLAZOS AJUSTADOS

Algo que satisface a la consejería de Educación aragonesa. Su titular, Dolores Serrat, reconoció que el plazo para poner en marcha los cambios curriculares en Primaria son "ajustados" y que puede haber "dificultades", pero aseguró que "querer es poder". Además se felicitó por la promesa del ministro de que las comunidades contarán con 2.000 millones de euros para financiar los costes de la entrada en vigor de la a Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Haber aplazado los cambios para Secundaria y Bachillerato da un respiro a las comunidades autónomas. Permitirá que las consejerías de Educación pueden centrarse en las modificaciones curriculares y metodológicas que se introducirán en Primaria y la FP Básica el próximo curso. "Ahora tenemos que centrarnos en estos tramos para que todo salga bien", dijo. El departamento espera que los nuevos decretos, que marcarán la ruta a seguir para los gobiernos autonómicos se publiquen en junio. A partir de entonces podrán ponerse a trabajar.

"En este primer periodo, los cambios afectan sobre todo a la metodología de enseñanza, para lo que será necesaria la formación específica del profesorado", explicó la consejera de Educación. Para llevar a término las modificaciones curriculares en las distintas asignaturas se crearán grupos de trabajo.

La consejería está también trabajando en cuantificar el coste económico que traerá consigo la aplicación de la ley Wert. "Todavía es pronto para saber cuánto costará, pero la financiación, que era una de las cuestiones que más nos preocupaba quedó resuelta con el compromiso del ministro que destinar fondos europeos a este fin", reconoció Serrat.

Este fue un anuncio que se sacó de la manga el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que señaló que su departamento cofinanciará con el Fondo Social Europeo los gastos directamente relacionados con la implantación de la reforma educativa, que ascienden a unos 2.000 millones de euros hasta el 2020. El ministro reconoció que el coste más elevado será el derivado de la implantación de la nueva Formación Profesional Básica --ya este mismo año-- y de la anticipación de itinerarios en la Educación Secundaria.