Con contundencia, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza obligaron ayer a rectificar a PSOE, PP y Ciudadanos (C’s) en su objetivo de permitir que el outlet de Pikolín en los suelos de la carretera de Logroño le salga gratis a la empresa. Ni pueden renunciar al 10% del aprovechamiento que le correspondía a la ciudad al dejar que alberguen en ellos usos comerciales, ni pueden incluir como parte del acuerdo la cesión de terrenos para hacer huertos sin concretar ni dónde ni si de forma gratuita. Casi, con la interpretación legal adecuada, al ayuntamiento hasta le habría costado dinero lograr esa superficie agrícola. La valoración jurídica llevó a las tres fuerzas políticas a dar marcha atrás en el documento que se vota en el pleno del próximo lunes y a incluir en él la exigencia de ese 10%, que reportará al consistorio unos tres millones de euros. Pero, como la propuesta es suya, también van a blindar que ese dinero solo tenga una finalidad: «un Plan de Comercio Local».
Este será para que los damnificados por la gran superficie, los críticos pequeños comerciantes de barrio que aseguran que la creación del outlet amenaza su supervivencia, puedan curarse las heridas o secarse las lágrimas, con una estrategia que, con su mayoría, hasta podrán definir ellos mismos. Si es que se desbloquea, porque en el debe del Gobierno municipal está tener paralizado el documento que dejó listo el PSOE cuando gobernaba.
FOTO A TRES
Así, sin un ápice de autocrítica afrontaban PP, PSOE y C’s el informe jurídico que aseguraba que su voluntad política de permitir el outlet no se podía hacer en las condiciones que pretendían. Que era perjudicial para los intereses de los zaragozanos. Más allá de reconocer su obligación de rectificar, comparecieron juntos para informar de que acataban el informe jurídico, «que viene a reiterar que no existe ningún impedimento a que se pueda aprobar el plan especial», explicó el portavoz conservador, Jorge Azcón, que pedía al ayuntamiento que estudie «la monetarización» de la cesión del 10% del aprovechamiento, para que se convierta en dinero destinado «al comercio minorista local».
«Una vez más, el Gobierno va a la contra y frena el desarrollo de oportunidades», añadió el edil del PP, quien criticó a Zaragoza en Común (ZeC) por su «populismo y demagogia» y por no haber visto la ocasión de obtener millones de euros con esta operación. La misma con la que ellos aspiraban a lograr huertos. «Ahora tendrá que explicar por qué vota en contra», apostilló.
La socialista Lola Ranera lamentó la «valoraciones muy burdas y simples» de ZeC, que «han llegado a decir que el outlet causa daño al pequeños comercio y suponía votar en su contra». Lo mismo que le recriminaron plataformas de comerciantes como la de Las Fuentes, que el PSOE creó. La concejala, por su parte, defendió que la propuesta inicial se basaba en el criterio interpretativo aprobado en pleno para este tipo de suelos --las zonas H--, en el 2009, que «se ha reinterpretado» por los servicios jurídicos y que su partido acata.
SANTA ALIANZA
Lo mismo que Alberto Casañal, de C’s, que insistió en que su formación acepta «todos los modelos» de comercio, también el de las grandes superficies. Y que siempre han defendido que se haga desde la «legalidad de los informes». Y si este contradice su petición de declarar exenta del 10% de cesión a la empresa, pues se cambia y asunto resuelto.
«Es una chapuza de enmienda, tiene vicios de legalidad y no se puede aprobar en los términos que plantea». Así resumía el informe jurídico el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, quien subrayó además que este destaca que este voto particular «no está motivado» en su elaboración y que la exención propuesta por «esta santa alianza» se hace «a sabiendas» de que este «regalo» a la empresa era imposible.
