Cataluña recuperó ayer su autogobierno y Pedro Sánchez estrenará la presidencia sin ese lastre. La toma de posesión del Govern de Quim Torra hace decaer la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que intervenía las instituciones catalanas desde el 27 de octubre. Sin embargo, está en el aire qué sucede con las cuentas del nuevo Ejecutivo. El expresidente Mariano Rajoy las mantenía controladas desde el 2015, mucho antes de dar luz verde al precepto constitucional, y su intención era continuar esa supervisión sobre la Generalitat. El desde ayer nuevo jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, deberá decidir si sostiene el control reforzado del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que condiciona los pagos a Cataluña a que su Govern respete la Constitución, o bien levanta esa fiscalización.
La decisión es delicada porque, más allá de lo que implica en términos económicos que el Gobierno en Madrid controle las cuentas catalanas, prefigura la posición de Sánchez respecto al conflicto territorial y cuáles serán sus primeras medidas en este ámbito. Su determinación definirá también en buena medida el nuevo tablero político estatal tras el shock de una moción de censura que no hubiera superado sin los apoyos de PDECat, ERC y un Podemos que insistió en la necesidad de tender puentes con Cataluña.
El pacto para aprobar y aplicar el 155 alineó a PP, PSOE y Ciudadanos, los denominados partidos constitucionalistas, tras el impacto del 1-O y la proclamación de la república en el Parlament. La intervención de Cataluña permitió a Rajoy la convocatoria del 21-D, comicios que situaron a Ciudadanos como la fuerza más votada.
El 2018 comenzó con la pugna del partido de Albert Rivera por conquistar el electorado de centroderecha en manos del Partido popular. A lomos de los resultados en Cataluña y de las encuestas que les auguran un crecimiento exponencial, los liberales endurecieron el discurso agitando la amenaza del «separatismo que quiere romper España», convencidos de que la polarización les permite ensanchar su base electoral. Albert Rivera acusó a Mariano Rajoy de ser demasiado suave y le pidió que mantuviese el 155.
El expresidente y Pedro Sánchez, sin embargo, estuvieron de acuerdo en dejar que cayera el 155 como estaba previsto, con la toma de posesión de un nuevo Govern sin consellers en prisión. Desde el Gobierno de Rajoy se defendió la aplicación de la norma en sus justos términos.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA / A la decisión sobre mantener o levantar el control a las cuentas catalanas una vez decaído el 155 se le suma la incertidumbre sobre la financiación autonómica. Todo hace indicar que el cambio de color en el Gobierno de España va a impedir la negociación de un nuevo modelo este año, a pesar de que ya estaban los trabajos en marcha.
El Consejo de Política Fiscal Financiera (CPFF) que debía reunirse como tarde en la primera semana de junio ya no se celebrará, ante la ausencia de un nuevo ministro de Hacienda. Durante su intervención en el debate de la moción de censura, Sánchez admitió que, dadas las circunstancias en las que llega el nuevo Gobierno, «no va a haber mimbres» para pactar una nueva financiación autonómica.
La entidad de funcionarios públicos Servidors.cat ha cifrado en un mínimo de 259 los ceses realizados por el Gobierno central (principalmente en la Consejería de Economía) y en 24 los organismos eliminados (entre ellos, las delegaciones en el extranjero).
La salida del Gobierno empezó hace días y el encargado de supervisar a los Mossos, Juan Antonio Puigserver, abandonó su despacho coincidiendo con la investidura de Torra, quien ha avisado de que hará lo posible para «investigar las consecuencias» del 155 mediante la creación de un comisionado en el nuevo Govern.
