Los sindicatos y las asociaciones de padres empiezan el curso con una lista de prioridades y a lo largo del ejercicio van a estar al acecho de la Consejería de Educación para tratar de alcanzar sus metas.
CSI-CSIF aún no ha cicatrizado la herida del calendario escolar y no olvida la decisión de la consejería de modificar las vacaciones de Semana Santa. De todas formas, el sindicato no se aferra sólo a esta cuestión y exige negociar ya asuntos que en su opinión llevan tiempo relegados "por el escaso talante negociador" del departamento, según Eliseo Moreno, responsable del sindicato en su área de enseñanza. Los más importantes son la homologación retributiva de los docentes con respecto a la media del resto de comunidades y la reducción de la jornada para profesores mayores de 54 años. Además, el sindicato reclama nuevos centros escolares en el Actur, La Jota, Delicias y el Centro de Zaragoza.
UGT reconoce avances como la gratuidad de Infantil, el programa de libros de texto y la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, aunque se queja de que estas inversiones deberían beneficiar a las familias con menos recursos: "Más para quien más lo necesita y menos para quien menos lo necesita", en palabras de Gloria Pardillos, secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT-Aragón. Pardillos reconoce que la realidad social ha cambiado y el descenso del alumnado se ha transformado en un incremento importante, por lo que considera "prioritario" construir nuevos centros.
Para CCOO, "Aragón no ha sido capaz de construir un sistema educativo propio y de calidad", y lo achaca a una financiación "insuficiente", a "la ausencia de dirección política rigurosa" y a la falta de diálogo, "que ha generado escenarios de conflicto".
Entre los deberes de la consejería, Manuel Martínez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, destacó: "La definición de un modelo de orientación educativa, varias mejoras económicas y laborales para el profesorado de la escuela pública y de la concertada y la negociación de un plan de inversiones para la construcción de nuevos centros y la remodelación de los existentes".
En STEA (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón), tampoco se han curado las heridas del curso pasado y la polémica por el calendario escolar. Alejandro González, portavoz de este sindicato, asegura que se seguirá intentando negociar esta cuestión, aunque también planteó otras que considera fundamentales: "Hay que empezar a construir colegios donde sea necesario, porque la solución no puede ser aumentar el número de alumnos por aula".
FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza) cree que el inicio del curso está marcado por la aplicación del acuerdo suscrito el pasado mes de julio entre las organizaciones sindicales (menos USO), las patronales y el Departamento de Educación. "Este pacto contempla importantes incrementos retributivos y la DGA asume el abono de la controvertida paga extraordinaria por antigüedad", explicó su responsable, Jesús Pueyo.
Ana Isabel Tobajas, de USO, criticó este acuerdo, "ya que omite materias fundamentales si queremos hablar de mejoras reales para los profesores de la escuela concertada". Para USO es irrenunciable la analogía retributiva de los docentes de la concertada con los de la pública y el aumento de los recursos para que los colegios concertados puedan recibir más alumnos con necesidades educativas especiales. Además, el sindicato exige que los hijos de los trabajadores puedan escolarizarse en el centro donde trabajan sus padres.
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (Fapar) considera "muy satisfactorio" que el curso vaya a comenzar con normalidad, aunque considera necesario empezar a aumentar el número de plazas escolares en la escuela pública. Además, la presidenta de Fapar, Teresa Paniello, reclamó a la DGA un plan de choque para aumentar en número de plazas públicas en el tramo 0-3 años. "En Zaragoza, sólo el 1,9% de sus ciudadanos puede llevar a sus hijos de menos de tres años a un centro público", destacó.
Luis Carbonel, de Concapa, opina que el curso va a estar marcado "por la revisión de la LOCE", y mostró su preocupación por los cambios previstos por el PSOE sobre la asignatura de Religión.
