La soga de la morosidad aprieta cada vez más en el cuello de los empresarios y de los autónomos aragoneses. Tras más de seis años de crisis económica, el cierre de caja decretado el lunes por la DGA ha elevado más si cabe el hartazgo de un tejido productivo que lamenta "profundamente" esta medida. El retraso en el pago de los trabajos realizados por las empresas ha soliviantado a las patronales aragonesas (CREA y Cepyme), ante el temor de que algunas de ellas puedan firmar el acta de defunción si no ingresan la deuda que tiene contraída con ellas el Ejecutivo aragonés. Si las empresas no cobran del Gobierno aragonés se enfrentarán a tensiones de liquidez que deberán suplir con créditos que la banca no está dispuesta a conceder. Y, si los concede, será a costa de pagar un sobrecoste por los tipos de interés que aplicará la entidad de turno.
El efecto cuantitativo de este cierre de caja es difícil de establecer, pero el director general de la CREA, Salvarod Cored, subraya que "dificultará la tesorería" de las empresas de bienes y servicios. Cored juzgó que la medida "se ha tomado demasiado pronto", al tiempo que aseguró que la patronal aragonesa también verá trastocado el cumplimiento de sus presupuestos por la orden de la DGA. "Si no llegamos, recurriremos a financiación ajena", declaró.
El presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, también se mostró muy crítico con el cierre de caja, al considerar que "el sacrosanto cumplimiento del déficit supone dejar en la cuneta a una sociedad ya de por sí maltrecha". El dirigente empresarial recordó que "todavía se siguen cerrando empresas" y subrayó que "está bien que no haya déficit, pero no es sensato que sea a costa de cerrar la caja tres meses antes del plazo".
FINANCIACIÓN PÚBLICA
La decisión tampoco ha sentado nada bien a las asociaciones de autónomos. "El Gobierno de Aragón no respeta la normativa sobre morosidad", aseguró Álvaro Bajén, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Aragón, que denunció que el Ejecutivo de Rudi "recurra a los proveedores para financiarse". "Si la DGA no sirve como aval para los bancos, ¿qué van a hacer los autónomos para financiarse?", agregó.
Bajén defendió que, como mínimo, se podría haber hecho una excepción con los autónomos, ya que este colectivo es más "débil" que los grandes proveedores de la administración, que sí disponen de su propio sistema de financiación y "pulso financiero" para hacer frente a estas eventualidades. "Es una mala práctica que va en contra del criterio de defensa del trabajadores autónomos, que son el ADN de las empresas", lamentó.
