El padre de Javier Burillo tiene reconocido el grado 2 nivel II de dependencia, es decir, precisa de "bastante" ayuda para desplazarse y, recién cumplidos los 85, para otras muchas acciones cotidianas. Sin embargo, la Administración todavía no ha respondido a su petición y eso que esta se llevó a cabo el 27 de abril del 2011. "Llevamos casi cuatro años sin recibir respuesta alguna y eso que los trabajadores sociales ya presentaron un recurso de alzada, pero la Administración dijo que no había un motivo jurídico para hacernos caso. También el Justicia ha preguntado por nuestra situación, pero de la DGA solo hemos recibido buenas palabras. O ni siquiera eso", apuntó Javier, que, junto a su hermana, tratan de servirle a su padre toda la ayuda que precisa. "Su movilidad es bastante reducida y necesita silla de ruedas para desplazarse, por lo que necesitamos una persona especializada que, al menos, nos ayudará".

La indignación de esta familia se acentúa al comprobar que desde la propia DGA se reconoce, dice Javier, que el problema es "político". "A ellos también les fastidia todo lo que está pasando porque dicen, siempre por teléfono y de forma extraoficial, que tenemos razón, pero aseguran que los políticos no les dejan e, incluso, nos animan a emprender acciones judiciales", sostiene.

Sin embargo, la opción de acudir a los tribunales es desechada por parte de muchas de las personas afectadas a los que la Administración no concede prestación pese a tener reconocido ese derecho. "Tal y como están ahora las cosas, el proceso puede tardar tres o cuatro años en resolverse y eso es demasiado tiempo". Además, la obligación de asumir el pago de la tasa judicial acaba por descartar esa vía. "No todo el mundo puede acceder a ese camino y, el que pudiera, se echa para atrás porque la situación se alarga mucho y ya llevamos esperando demasiado tiempo, por lo que no tiene demasiado sentido".