Los aragoneses recibieron por herencias el año pasado un total de 1.267 millones de euros, de los que solo se tributaron 252 por el impuesto de Sucesiones. Es decir, apenas un 20% de la cantidad total, por lo que mil millones quedaron exentos. Esta es una de las principales conclusiones del informe sobre este impuesto elaborado por el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón y que ayer remitió a las Cortes para su estudio y posterior modificación, una vez que el Ejecutivo autonómico ha reconocido que hay cierta «presión popular» por este impuesto. Una presión en la calle y en el hemiciclo que, según el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha sorprendido al Gobierno al considerar que este impuesto, que permitió recaudar alrededor de 140 millones el año pasado, afecta a una mínima parte de la población.
Gimeno aclaró que el impuesto de Sucesiones, cedido por el Estado, grava una adquisición de renta adquirida gratuitamente y no por el trabajo, la actividad personal o el capital. El consejero defendió este impuesto aunque se mostró abierto a su debate sin ninguna condición, más allá de que es partidario de que se mantenga la progresividad fiscal. «Es justo que quienes más tienen más paguen», indicó. Por tanto, no precisó cuáles son los mínimos establecidos por el Gobierno aragonés aunque admitió que se pueden estudiar ciertas disfunciones porque un pequeño porcentaje puede sufrir agravio. Asimismo, volvió a defender la necesidad de la armonización fiscal en el conjunto de las comunidades.
De las 30.451 autoliquidaciones presentadas en el 2016 (el documento necesario para aceptarse como heredero) tan solo 606 estuvieron por encima de los 300.000 euros y apenas 52 superaban el milón de euros, indica el informe, que señala que el 94% de los beneficiarios de alguna herencia está exento de pagar. Dehecho, según indicó el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, ,no pagan nada los hijos menores de edad de los fallecidos, los herederos con minusvalía superior al 65% y los hijos y el cónyuge que perciben hasta 150.000 euros cada uno (175.000 en el caso de tener un grado de minusvalía entre el 33 y el 65 %) si no tienen un patrimonio previo que supere los 402.678 euros.
POR CATEGORÍAS / El informe elaborado por la Dirección General de Tributos concreta que aunque la mayor parte de las sucesiones se producen a favor de parientes encuadrados en los grupos I y II (el 80,24 %), estos solo representan el 34,5 % de los contribuyentes. Estos grupos son los de los descendientes directos: padres, cónyuges, hijos o hermanos. Y un 1,85 % de los aragoneses enmarcados en este grupo recibe más de 300.000 euros, aunque ingresan el 83,27 % de lo que se tributa en este grupo.
GRANDES HERENCIAS / En cuanto a las grandes herencias, las que suponen más de un millón de euros, tan solo supone un 0,2% de los herederos, tributando alrededor de 20 millones. La mayor carga la asumen los parientes más lejanos o personas que no tienen ningún lazo de parentesco con la persona fallecida, ya que suponen el 20% de las personas herederas y aportan el 65% de los ingresos recaudados por la Administración. Son los parientes más lejanos y quienes no son parientes quienes soportan la mayor parte de la carga impositiva.
Gimeno indicó que son muy pocas las personas que renuncian a la herencia por falta de liquidez, si bien asumió que esto puede suceder en algunos casos excepcionales, al igual que destacó que las valoraciones de determinadas propiedades se devaluaran con la crisis y su valor real fuera menor al prefijado.
EL PAR Y LA FIDUCIA / Paralelamente a la presentación de este informe, la diputada del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes, Elena Allué, reivindicó el derecho de la comunidad a regular la fiducia (que consiste en liquidar los impuestos una vez se ha heredado tras ser reconocido como sucesor) y defendió la legalidad y constitucionalidad de la proposición de ley que ha presentado este partido para regular la tributación de la fiducia en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. El 25% de los testamentos realizados en Aragón incluye esta figura jurídica propia del derecho foral. Gimeno no se pronunció acerca de la propuesta del PAR, y si bien admitió que el Derecho foral puede prevalecer sobre el civil, no es así en el caso del Derecho tributario o las cuestiones de Hacienda.
Allué, acompañada por el exconsejero de Hacienda y experto en Derecho foral, José María Bescós, rechazó el informe del Gobierno de España sobre la fiducia, presentado a las Cortes autonómicas. «No tiene ninguna consecuencia procedimental», indicó la diputada aragonesista.
