La primera jornada de paros de los sanitarios aragoneses no tuvo el tirón que se esperaba. Tan tolo un 3,21% -según la DGA- de los médicos y enfermeras que estaban llamados a salir a la calle durante diez minutos para reivindicar sus mejoras laborales -especialmente salariales- decidieron hacerlo en la convocatoria de las 12.00 horas. Esto significa que 365 trabajadores de los 11.363 del turno lo hicieron -no se ofrecieron datos de la de las 18.00 horas-. Desde los sindicatos convocantes, los de médicos de Atención Primaria y de enfermería (Fasamet, CESM y Satse), optaron por no dar una cifra y se limitaron a decir que el apoyo había sido «masivo», aunque en algunos centros apenas hubo dos facultativos que pararon.
En un primer momento llegaron a estimar que el seguimiento había sido del 70% aunque, tras los paros de la tarde acabaron por eliminar cualquier detalle. «Lo importante no es la cifra, sino visibilizar nuestro problema para que la gente se conciencie de la situación y de las necesidades reales con el objetivo de seguir prestando un servicio de calidad», explicaron desde Cemsatse que pese a este frío seguimiento, mantienen en el horizonte la huelga general de abril. Hasta que eso ocurra quedan por delante otras tres jornadas de paros de diez minutos (a las 12.00 y a las 18.00 horas) los días 21 de febrero y 7 y 21 de marzo.
Tres oportunidades por delante para mejorar las cifras obtenidas ayer con un apoyo de la movilización en Zaragoza del 2,5 %, en Huesca de un 5% y en Teruel de un 4,6%. Según explicaron desde el Salud, los facultativos tenían que firmar un documento en el que quedase registrada la ausencia de su puesto de trabajo para poder descontarles esos diez minutos de paro de su sueldo. Sin embargo, desde Cemsatse dijeron que los datos no eran exactos porque no todos plasmaron su firma por lo que, aseguraron, los porcentajes eran más elevados. Además, denunciaron que los servicios mínimos decretados por la DGA dificultaron que muchos sanitarios pudieran salir a la calle.
REIVINDICACIONES
Al margen de la cifra la guerra de cifras, que acabó por desdibujar la jornada, los médicos y enfermeras que sí salieron ataviados con sus batas a las puertas de sus centros de trabajo lo hicieron para recuperar el poder adquisitivo del 2010, restablecer las jornadas de 35 horas, el reconocimiento de la carrera profesional o reformar la Atención Continuada y cobrar dignamente las guardias.
«La DGA tiene sobre la mesa nuestras peticiones desde hace más de un año y no ha hecho nada», denunció ayer el presidente de sindicatos de Atención Primaria, Leandro Catalán. Según explicó, llevan más de un año tratando de sentarse a negociar con los responsables del departamento de Sanidad para «alcanzar algún punto de encuentro que recoja las medidas necesarias para realizar el trabajo con dignidad», explicó Catalán. Como no han tenido éxito, según los sanitarios, los sindicatos decidieron iniciar los paros bajo el lema Por una Sanidad pública de calidad que volverán a repetirse. Si entonces no ha habido un cambio de actitud por parte del Gobierno de Javier Lambán, endurecerán sus protestas y convocaran una huelga general.
Desde la DGA no entiende las protestas. El responsable de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, Esteban del Ruste, cuestionó los motivos por los que los sindicatos les acusan de «pasividad». Según Del Ruste, siempre han mostrado «voluntad de diálogo» e incluso, añadió, se han puesto medidas en marcha pese a que «no haya sido posible» contar con el apoyo de los sindicatos. Admitió que algunas de la reivindicaciones del colectivo «son complicadas de negociar» con unos presupuestos prorrogados pero sí que hay otras que se podrían negociar.
PROPUESTAS
Desde el Salud explicaron que el objetivo pasa por seguir avanzando en mejoras profesionales que redunden también en las asistenciales para que los profesionales puedan prestar una mejor atención al paciente. En este sentido se han basado las propuestas planteadas. Pero para los sanitarios no son suficientes y ayer pidieron diálogo. «Tenemos razones suficientes para bajar a la calle y protestar porque nuestro último convenio se firmó en el 2007 y se ha quedado obsoleto», explicó la secretaria autonómica de Cemsatse, Mercedes Ortín, que aseguró que se está llevando el sistema «al límite».
