El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, podría volver a la Fiscalía, pero esta vez por la puerta principal. Su denuncia ante el ministerio público el pasado mes de mayo -por la puerta de atrás y en secreto- por supuestas irregularidades en Ecociudad han acabado convirtiéndole en el protagonista de un informe jurídico que le atribuye hasta cinco posibles delitos.
El consejo de administración de Ecociudad aprobó ayer, con los votos a favor de PP, PSOE, C’s y CHA, poner en conocimiento del fiscal el documento del letrado asesor, José Antonio Sanz Cerra. ZeC votó en contra.
Al alcalde se le pueden imputar delitos de prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos públicos, acoso laboral al gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, y falsedad documental. El expediente que Portero trasladará al ministerio público incluirá el informe de julio de la asesoría jurídica municipal, encargado por el propio Santisteve tras el dictamen de esta comisión que concluía que no veía delito de prevaricación y falsedad documental.
Así lo solicitaron los tres consejeros de ZeC que, junto a CHA, pidieron que se hiciera en igualdad de condiciones que el texto del asesor externo. Finalmente, y tras perder la votación de esta propuesta, se incluirá en el anexo.
«El tripartito de la depuración», en referencia a PP, PSOE y C’s, «reconoce que un informe tiene más validez que otro», criticó el consejero de ZeC, Guillermo Lázaro.
El propio alcalde le dio más validez a uno que otro, en concreto, al que elaboró la asesoría jurídica ya que calificó al del asesor externo de «calumnioso» y «de parte». También Lázaro precisó ayer con intencionalidad que hay un documento elaborado por «juristas de prestigio» y otro por un agente contrado para un fin determinado.
Lázaro explicó que su formación votó en contra de acudir a la Fiscalía por una cuestión de «vicios» y «conflicto de intereses» ya que, a su juicio, el letrado de una sociedad no puede atribuir delitos de uno de sus miembros, argumento que desmienten expertos jurídicos consultados por este periódico.
ZeC había solicitado previamente que se retirase del orden del día la votación. Una propuesta que tampoco salió adelante. Esta vez, no contó ni con el apoyo de CHA.
MAYORÍA
Todos los grupos de la oposición indicaron que su obligación, como consejeros de la sociedad, era aprobar que el gerente eleve a la Fiscalía un documento que concluye que se han podido cometer delitos. En cambio, para el portavoz de ZeC en el consejo de administración «esto no es sino un capítulo más de las consecuencias de la labor que estaba realizando el alcalde en Ecociudad», añadió Lázaro. «Lo que se está persiguiendo por el resto de grupos es sumamente grave», aseguró, para explicar que el propósito del regidor era «poner luz y transparencia en la sociedad municipal».
Lázaro llegó a sacar a relucir los trapos sucios del Gobierno de Aragón. «Es como si ahora a Lambán -presidente del Ejecutivo—se le lleva a la Fiscalía por perseguir todo lo que ha pasado en el plan de saneamiento», puntualizó.
La presidenta de Ecociudad, María Navarro (PP), aseguró que el papel del consejo de administración ya ha terminado después de votar a favor de «que se cumpla la ley». «Será el poder judicial el que juzgue», precisó.
La portavoz del PSOE, Lola Ranera, indicó que los grupos votaron cumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge que, en caso de ser conocedores de un posible delito, tienen que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Además, porque así lo encomendó el alcalde que instó a los grupos a acudir al fiscal «cuanto antes».
Desde C’s, Alberto Casañal pidió «respeto» tanto por los informes como por la separación de poderes. «Queremos la máxima transparencia y que el fiscal tenga toda la información», añadió.
Por su parte, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, aseguró que la decisión que ayer se tomó era «desagradable y desafortunada» porque atribuye cinco delitos «muy graves» al alcalde de la ciudad.
