La reivindicación aragonesa para la devolución de los bienes eclesiásticos retenidos en museos catalanes ha alcanzado su cota máxima hasta la fecha: el Tribunal Supremo. Ayer mismo, la Sala Segunda del Alto Tribunal, que entiende de asuntos penales, emitió una providencia en la que acuerda investigar a dos consejeros de la Generalitat por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, desobediencia y prevaricación en relación con las 44 piezas pendientes de devolución del monasterio de Villanueva de Sijena.

La decisión adoptada por la Sala Segunda se basa en un escrito interpuesto el pasado lunes por el letrado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, quien denunció a Santiago Vila y Vicente, consejero actual de Empresa y Conocimiento y exresponsable de Cultura, y a Lluís Puig y Gordi, actual titular de este último departamento. Español considera que Puig ha cometido los delitos de apropiación indebida y desobediencia, y Vila, el de prevaricación además de los dos anteriores.

Por este motivo, el organismo judicial ordena que la causa quede registrada y designa como ponente de la misma al magistrado Alberto Jorge Barreiro. Asimismo, la Sala Segunda dictamina que las actuaciones pasen al ministerio fiscal para que informe sobre la competencia y contenido de la denuncia formulada.

PLAZO EXPIRADO // En el origen del caso se encuentran las 44 piezas de arte sacro que la Generalitat retiene ilegalmente en el Museo de Lérida y que ya deberían haber sido entregadas el pasado mes de julio, cuando concluyó el plazo dictado para ello por el juzgado oscense que tramita la causa. Cataluña devolvió un año antes, de forma voluntaria, un total de 51 piezas, las de menos valor, en un intento vano por eludir la acción de la Justicia.

«Ambos consejeros ya fueron apercibidos de forma expresa por el Juzgado número 1 de Huesca de que, si no devolvían las piezas a sus legítimas propietarias, las monjas sanjuanistas del monasterio de Sijena, podrían incurrir en responsabilidad penal, al menos por un delito de desobediencia a la autoridad judicial», señaló ayer Jorge Español.

El letrado explicó que los presuntos incumplimientos de Santi Vila y Lluís Puig son tres: la entrega de las 44 obras el 25 de septiembre del 2015, la comunicación del plan de transporte a Villanueva de Sijena antes del 20 de julio del 2016 y la devolución de los objetos de arte sacro cinco días más tarde. Asimismo, añadió, tampoco se cumplió la presentación del plan de transporte antes del 25 de julio del 2017 y su entrega antes del 31 del mismo mes.

Español afirmó ayer además, que Santi Vila, al ser apercibido por el juzgado oscense, realizó en su cuenta de Twitter un comentario «displicente» en el sentido de que había sido advertido de posibles responsabilidades penales «por cumplir las leyes de mi país».

PASO PREVIO // El letrado de Villanueva recordó que el Juzgado de número 1 de Huesca emitió en junio de este año un auto en el que señalaba que si el 31 de julio de este año no se habían devuelto las piezas reclamadas al monasterio, se deduciría testimonio de las actuaciones, de forma automática, ante el tribunal penal competente para depurar la responsabilidad penal de los consejeros catalanes.

Con todo, Jorge Español precisó que la providencia del Tribunal Supremo es un «paso previo» a la admisión de la denuncia que él presentó en nombre del municipio de Villanueva de Sijena. Asimismo, el abogado insistió en la gravedad del delito de apropiación indebida, que está penado con hasta seis años de prisión.

Las piezas reclamadas a la Generalitat forman parte del conocido como tesoro de Sijena. Se trata de las obras de mayor valor de cuantas se hallaban en el cenobio, entre ellas los sarcófagos de madera de distintas abadesas.

El Gobierno de Aragón ha dispuesto todo lo necesario para acoger debidamente las piezas objeto del pleito que todavía obran en poder del Museo de Lérida. El pasado mes de enero se inauguró el espacio expositivo creado en las salas del cenobio de Sijena a este efecto y que de momento albergan los objetos que voluntariamente entregó la Generalitat.

Asimismo, se trabaja en la recuperación plena de la sala capitular, donde deben recolocarse las pinturas murales de estilo románico que se hallan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) desde la guerra civil, cuando fueron desmontadas.

La Generalitat se aferra a los bienes reclamados. Asegura que la ley catalana le impide devolverlos y, en el caso de las pinturas, asegura que su traslado las dañaría, un extremo que carece de fundamento.