La suspensión definitiva del suministro de carbón a Endesa, que afecta a dos minas de la empresa Samca en Foz-Calanda y Ariño, se vivió ayer como «un mazazo» para las comarcas del norte de la provincia de Teruel. «No hay derecho, ha sido una medida que se ha tomado sin avisar, con absoluto desprecio del territorio», denunció ayer Roberto Miguel, presidente de la Asociación Empresarial de Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín.
«No lo esperábamos tan pronto, pensábamos que teníamos un año y medio para sacar adelante los proyectos, pero no bajaremos los brazos», manifestó Joaquín Noé, alcalde de Ariño. Según su cálculo, este nuevo cerrojazo afectará a entre 100 y 150 familias de la localidad y de su entorno. El regidor afirmó que la reducción de empleo en Samca «repercutirá en todo el tejido empresarial». Con todo, recalcó que el ayuntamiento pone todo su esfuerzo en el inmediato desarrollo de los planes alternativos.
Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra, tampoco pudo ocultar su enfado ante la medida, que calificó de «fatal» para la zona y no solo para la localidad minera de Ariño. En cambio, en Foz-Calanda, fuentes próximas al ayuntamiento indicaron que la súbita interrupción de los pedidos de carbón, que entraña la pérdida de un número indeterminado de empleos, no tendrá consecuencias notables en el pueblo.
«Ningún vecino de Foz-Calanda trabaja en la mina de Samca, de forma que a nivel local no tendrá apenas repercusión esta medida», señaló la citada fuente, que no obstante lamentó la pérdida de puestos de trabajo. Se da la circunstancia de que los mineros que forman parte de la plantilla de la explotación carbonífera acuden a diario desde otras localidades, en particular Andorra y Alcorisa, según indicaron en la asociación empresarial.
«Exigimos a los gobiernos de España y de Aragón que hagan algo de inmediato, pues si no se reacciona no va a quedar gente con la que llevar adelante los planes de reindustrialización», alertó Roberto Miguel.
VARIAS CRISIS
El responsable de la entidad empresarial hizo hincapié en que el aviso de la suspensión de los pedidos llegó acompañada de la noticia de que se abren perspectivas para la explotación de otros recursos, como la fabricación de fertilizantes y la obtención de leonarditas. «Se creará un centenar de puestos de trabajo, menos de los que se pierde, pero al menos se amortizará el golpe», indicó Roberto Miguel.
Las comarcas del norte de Teruel, recién salidas de la masiva manifestación del pasado fin de semana para exigir planes alternativos que palien el cierre de la central térmica de Andorra, ven cómo el pesimismo se va apoderando de muchos habitantes.
«La provincia de Teruel, que tiene algo más de 130.000 habitantes, pierde en torno a un millar de residentes al año, lo que constituye un verdadero desastre», lamentó el representante de los empresarios. En este contexto, cunde la opinión de que la provincia está abandonada a su suerte, en palabras de Miguel.
