La paralización del centro comercial Torre Village en Zaragoza ha sido recibida con notable alegría por las veinte organizaciones sociales y comerciales que presentaron el recurso ante el temor de que se las tiendas de barrio se vieran afectadas por la creación del outlet. Con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) calculan que se han salvado unos 1.300 empleos de barrio, al considerar que una apertura de este tipo en las afueras (para la que se anunciaban 800 empleados) acaba teniendo una repercusión directa en el centro de la ciudad.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), Manuel Arnal, destacó que la paralización del plan deja en evidencia que en las ciudades no se puede ejercer «un urbanismo a la carta». El dirigente vecinal recordó que el recurso que interpusieron fue amparado por veinte asociaciones (desde los sindicatos CCOO y UGT a Ecologistas en Acción) y defendió un modelo de ciudad «compacto» en el que ya no tienen cabida más centros comerciales «en estado comatoso».
El recurso planteaba, además, que el plan especial del outlet modificaba «radicalmente el régimen de usos» de una zona industrial para favorecer la actividad comercial, en la que también se incluían cines y zonas de restauración. «La empresa podrá recurrir, es su competencia, pero creemos que estamos ante una sentencia muy firme en sus planteamientos», expresó Arnal.
CIUDAD COMPACTA
El portavoz de Ecologistas en Acción, José Ángel Moncayola, celebró que la paralización evitará una «desestructuración de la ciudad compacta» en la que los usos y servicios comerciales llevan tiempo definidos. «Los grandes centros comerciales contribuyen a vaciar los barrio y además se aumenta el uso privado de los coches, generando grandes problemas de movilidad ciudadana», indicó.
A las cifras de destrucción de empleos precisadas por los sindicatos UGT y CCOO se sumaron las críticas de las asociaciones de comerciantes de los barrios de San José y Las Fuentes. «Tenemos que lograr la paralización completa, la gente tiene que comprender que replicar el modelo de comercio que ya existe en el centro era algo imposible e ilegal», destacaron.
Los sindicatos también criticaron la «falta de rigor» con la que las administraciones han gestionado la instalación del centro comercial, pues llegaron a promover cursos de formación a través del Inaem. «Esperemos que la sentencia actual no quede en papel mojado y se pueda paralizar», afirmaron.
