La nueva ley general de telecomunicaciones, aprobada en el Congreso gracias a los votos de PP, PSOE y CiU, facilita a las operadoras la expropiación forzosa de azoteas particulares y otras propiedades privadas y públicas para la colocación de antenas de telefonía móvil "cuando resulte necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable". De este modo, la nueva normativa incidirá directamente en las políticas municipales de la comunidad, ya que la competencia genérica sobre telecomunicaciones es estatal.

El Gobierno de Aragón, en consecuencia, no tiene previsto realizar ningún cambio legislativo en su ordenación, pero la DGA sí está habilitada para realizar los informes necesarios en materia de ordenación del territorio y en materia medioambiental. Eso cuando se trata de una expropiación forzosa en propiedades privadas, aunque, matizan desde el Pignatelli, esta medida solo podrá llevarse a cabo "si técnicamente no hay alternativas".

CONTROLES Si esta actuación se quiere llevar a cabo sobre suelo público, desde la Dirección General de Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón matizan que la legislación actual aragonesa ya posee "las suficientes medidas de protección y salvaguarda del interés general", dado que las compañías telefónicas tendrán que tener cuatro autorizaciones e informes favorables: la autorización para la ocupación de dominio público por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), el informe favorable medioambiental, o en su defecto, las medidas a adoptar, por parte del INAGA; el informe favorable de Patrimonio Cultural por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural; y la autorización por el Consejo Provincial de Urbanismo cuando se deban otorgar licencias de obras en suelo no urbanizable.

Lo cierto es que la aprobación de la norma ha hecho saltar todas las alarmas, dado que se liberaliza notablemente un sector que no ha estado exento de polémica, sobre todo en Zaragoza, donde han sido frecuentes las movilizaciones vecinales para luchar contra la instalación de antenas. El objetivo de la normativa impulsada por el Gobierno es que las compañías puedan "acometer proyectos de gran envergadura" para favorecer el despliegue de redes y la prestación de servicios, con el fin de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa.

La oposición, las asociaciones de vecinos y las organizaciones contra la contaminación electromagnética denuncian que se deja a los ciudadanos "desamparados" y que temen que el aumento de estas instalaciones pueda repercutir en la salud de las personas afectadas. "Los tejados ya no son nuestros, y todo esto obedece a un desarrollo salvaje del sistema inalámbrico", denunció ayer Asunción Laso, miembro de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem).

COLABORACIÓN En la nueva normativa se establece que el Gobierno y el resto de administraciones públicas "deberán colaborar a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de ocupar la propiedad pública y privada". Por ese motivo, las ordenanzas o la planificación urbanística municipal "no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público o privado de las operadoras", ni imponer itinerarios o ubicaciones.

A partir de ahora, tampoco será necesario que los ayuntamientos otorguen licencias municipales de obras y de actividad para que las compañías puedan instalar las antenas, ni tampoco hará falta realizar estudios de impacto ambiental, ya que bastará con que el Ministerio de Industria haya aprobado previamente "un plan de despliegue". Las compañías solo estarán obligadas a presentar una "declaración de responsabilidad".

El aragonés Chesús Yuste, ponente de Izquierda Plural en la comisión de Industria del Congreso, ha alertado de que hay artículos que parecen "redactados por los abogados de las compañías telefónicas, porque dejan a los vecinos a la intemperie y sin recursos para defenderse".

El representante del PSOE en la comisión, Félix Lavilla, sostiene en cambio que se trata de una normativa "estratégica", razón por la cual le dieron su apoyo, dado que es "muy improbable" que en realidad se expropie.