Cientos de trabajadores por cuenta ajena del campo aragonés, sobre todo temporeros inmigrantes, se concentraron ayer en Fraga, Caspe y La Almunia para denunciar las «duras» condiciones laborales y los bajos salarios que deben soportar cada campaña. La movilización, convocada por UGT y CCOO, criticó además el incumplimiento de los convenios y exigió la aplicación del salario mínimo interprofesional (SMI).

Precisamente, este el principal escollo que está bloqueando la negociación del convenio estatal del sector, que nunca ha tenido un marco legal homogéneo en todo el país. «La patronal está poniendo muchas trabas con el SMI», denunció ayer la secretaria general de Industria de CCOO, Ana Sánchez. Un bloqueo que también se está produciendo en Aragón, ya que el convenio provincial de Huesca lleva sin avances desde el año pasado y el de Zaragoza apunta a seguir el mismo camino, indicó Sánchez.

Con todo, lo que más exigieron los temporeros en las concentraciones celebradas en la tarde de ayer en las tres localidades aragonesas (puntos neurálgicos de la recogida de la fruta en la comunidad) fueron unos salarios «dignos». Tal y como denuncian los sindicatos, «la mayoría» de las explotaciones aragonesas no están cumpliendo las condiciones pactadas y en la última campaña pagaban a los temporeros 4,80 euros a la hora, frente a los 6,20 que marcaban los convenios provinciales. «Hemos visto casos en los que ofrecían hasta tres euros la hora», criticó el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, José Juan Arcéiz Arcéiz.

En este sentido, las organizaciones sindicales están cansadas de batallar para introducir mejoras en los convenios y que luego, en la práctica, no se cumplan.

«En muchas explotaciones, sobre todo en las más pequeñas, no pagan lo que corresponde y los sueldos son bajos», lamentó Walid, un marroquí de 55 años que lleva 18 viniendo a la campaña de la fruta de Caspe. «Empiezo con la cereza y luego sigo con el albaricoque, el melocotón, la nectarian y la pera», apuntó. En su explotación, trabajan unos 200 operarios, aunque asegura que en la zona de Caspe hay fincas con más de 600 temporeros, la mayoría marroquís, subsaharianos, pakistanís y rumanos.

A pesar de las denuncias de UGT y CCOO, la organización agraria UAGA subrayó ayer que los agricultores «cumplen con la normativa en materia laboral y contratan a los trabajadores con todas las garantías». «No es cierto que el alta a los trabajadores se dé a mes vencido, se realiza el día anterior de empezar a trabajar, al igual que ocurre en los demás sectores», indicó UAGA en una nota de prensa.

En este sentido, cabe recordar que UGT y CCOO indican que el mayor problema es que este «fraude de ley» es difícil de detectar, ya que lo que hacen los empresarios es «falsear las nóminas» incluyendo menos horas de las trabajadas realmente. Un problema que según los sindicatos este año se va a intensificar debido al aumento del SMI.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

UAGA lamentó «que no todas las explotaciones van a ser capaces de soportar» este incremento. Por eso, ha reclamado exenciones fiscales o en las cotizaciones al seguro, ya que los agricultores no pueden repercutir la subida de sus costes en sus productos como sí pueden hacer otros sectores.«El problema está en los intermediarios; el Gobierno debe buscar una solución para que los eslabones más débiles de la cadena (agricultor y trabajador) no sean siempre los paganos», dijo Sánchez.

Por otra parte, los temporeros también lamentaron ayer la escasez de vivienda en algunas zonas de la comunidad. «Hay gente que duerme en el coche», indicó Walid. Con todo, Arcéiz destacó que los empresarios han hecho «un esfuerzo importante» en esta materia. «En la mayoría de explotaciones los alojamientos son dignos», aseguró.