El modelo de financiación autonómica volvió ayer a ser motivo de disputa política. Tras conocerse que el Ministerio de Hacienda recortará en al menos 2.000 millones de euros los ingresos a cuenta de todas las comunidades autónomas por culpa de la prórroga presupuestaria, gran parte de ellas, especialmente aquellas gobernadas por el PSOE, cargaron contra un reparto que ven injusto y obsoleto. Además recordaron que la reforma prometida para el sistema acumula años de retrasos y diálogos sin acuerdo, algo que ha reconocido incluso el responsable del departamento, Cristóbal Montoro, tras asumir que como mínimo habrá que esperar hasta el 2019 para que un hipotético pacto entre en vigor.
Por el momento el recorte de las entregas a cuenta a las autonomías a cargo de la financiación del 2018 respecto a lo anunciado en julio ha generado una oleada de críticas en la oposición y en otras autonomías, incluida Aragón, que podría verse afectada en al menos 147 millones de euros.
Promesas incumplidas
El secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, no tardó en tachar la carta con la que el Ministerio de Hacienda realizó el anuncio a las comunidades de «chantaje intolerable» que rompe el «marco institucional» al vincular la autonomía financiera de las comunidades a la aprobación de los presupuestos. Y la diputada alicantina y portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso, Patricia Blanquer, registró una solicitud para que el ministro aclare en el Congreso por qué el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «ha incumplido el compromiso alcanzado en la Conferencia de Presidentes para reformar el modelo de financiación de las comunidades autónomas antes de finales del 2017»
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, advirtió de que el Gobierno «está jugando con fuego en esta situación de displicencia con las comunidades autónomas», al recortar en 353 millones de euros la financiación de la comunidad. «Hay una palabra del presidente del Gobierno que dio a la Conferencia de Presidentes en la que decía que antes de finalizar el año (2017) se reformaría el sistema de financiación, y la ha incumplido», criticó.
El Gobierno balear, por su parte, rechazó en un comunicado el recorte de 67,3 millones de euros que aplicará el Gobierno a la financiación de las islas, hasta los 1.712 millones. La consejera de Hacienda, Catalina Cladera, calificó de «injusta» la decisión del ministerio y la consideró como «un castigo para la ciudadanía de las Islas Baleares».
En medio de toda la polémica está la eternamente retrasada mejora del reparto común entre las comunidades. El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) tildó ayer de «mínimos»los avances que se han producido en torno al nuevo sistema de financiación autonómica, que se tenía que haber reformado «hace tres años». El bipartito censura que el Gobierno, que entonces tenía mayoría absoluta, no lo hiciera entonces ni tampoco ahora, basándose en «excusas» como el conflicto de Cataluña.
El ministro Montoro ha dicho de forma reiterada que su departamento no puede poner en marcha la negociación política del nuevo con la ausencia de Cataluña en las conversaciones. El único avance aparente que se ha producido en este sentido ha sido el informe de un comité de expertos que se presentó el pasado mes de agosto. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de reuniones de trabajo que se produjeron para su redacción, no hubo consenso en sus conclusiones. Una de las comunidades más críticas con el modelo que planteaba fue Aragón.
Medida temporal
Desde entonces, el debate languidece en reuniones técnicas, sin ninguna propuesta concreta de Hacienda sobre la mesa, a la espera del desbloqueo. Todo ello en medio de una irritación creciente de los barones autonómicos que han interpretado como un agravio la rápida aprobación que, sin embargo, sí han logrado los regímenes forales del País Vasco y Navarra.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, calificó de «histriónico» al PSOE por su indignación. De este modo, las comunidades gobernadas por los populares -como Castilla y León, Murcia o Madrid- consideraron la reducción una medida temporal de la que esperan se salga en un plazo razonable.
