El Ministerio de Hacienda pretende extender el control que ya ejerce sobre las finanzas autonómicas a todos los ingresos obtenidos por la Generalitat, incluidos los impuestos cedidos y propios de la comunidad autónoma. En este bloque se incluyen los ingresos obtenidos por tributos tales como Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y otros de carácter propio, como los de carácter medioambiental y las tasas.

Esta es una de las nuevas medidas incorporadas al acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros para solicitar al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que el Estado pueda asumir competencias de la comunidad «hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat» que resulte de las celebración de las elecciones autonómicas que pretende convocar el propio Rajoy en un máximo de seis meses. El objetivo es evitar que ningún dinero público se destine «a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista» o contrarios a las medidas adoptadas en el propio acuerdo de aplicación del artículo 155.

El 15 de septiembre pasado, el Gobierno ya asumió el control de los pagos de la Generalitat a proveedores y empleados públicos en la parte correspondiente a los ingresos obtenidos a partir del sistema de financiación autonómica (el 80% del total, aproximadamente).

Ahora, el control se extiende al 20% restante de los ingresos, los provenientes de los impuestos propios o los recibidos «por cualquier título». Entre estos últimos se podrían incluir, por ejemplo, las transferencias de la Unión Europea o los derivados de privatizaciones o enajenaciones.

Según fuentes del Gobierno, el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros da cobertura a Hacienda para neutralizar las funciones de la nueva Agencia Tributaria de Cataluña presentada a primeros de septiembre por el propio Carles Puigdemont como una de las llamadas «estructuras de Estado» de una hipotética república independiente.