Detrás del proyecto de Torre Village está Iberebro, la sociedad de inversión patrimonial de la familia Soláns, dueña a su vez del fabricante de colchones Pikolín. Tras el revuelo generado por la sentencia en su contra del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que los promotores van a recurrir ante el Supremo, el consejero delegado de la empresa, Luis Barcelona, ha concedido una entrevista a EL PERIÓDICO para tratar de despejar las dudas sobre esta gran inversión.

-¿Le sorprende la sentencia?

-No. Era un escenario que se podía dar, evidentemente no ha sido de nuestra satisfacción, pero tampoco es una sorpresa. Cuando hay un recurso en contra, sabes que puede haber una potencial sentencia desfavorable.

-El juez ha sido contundente con el uso de un plan especial para desarrollar el proyecto, ¿por qué se utilizó esa figura?

-La decisión sobre el instrumento de gestión no ha sido nuestra, sino del equipo de gobierno. Hay un aspecto importante a destacar. En el año 2008, que es el origen de esta operación, a cambio de que Pikolín se quedara en Zaragoza se iban a cambiar los usos de las antiguas instalaciones de la carretera de Logroño para transformarlas en cualquier cosa menos vivienda. Entendimos y asumimos que no se hicieran pisos, a diferencia de otros cambios de ubicación como Aceralia o Schindler. A partir de ahí siempre hemos ido de la mano del Gobierno que ha habido en cada momento para la tramitación del proyecto. La contundencia está clara, pero también la hay en otro sentido: no dice que no es posible hacer un outlet, sino que el instrumento elegido no es el adecuado.

-¿La decisión judicial les deja en un callejón de difícil salida?

-No. El escenario hoy es únicamente jurídico. Hay una sentencia que no es firme y, por tanto, no cumple todos sus efectos. Vamos a agotar la vía judicial.

-¿Cómo defenderán ante el Supremo la legalidad del proyecto?

-Son nuestros asesores jurídicos quienes están trabajando en ello. Sabemos las limitaciones que tiene la casación, pero aún así hay motivos para ello.

-¿Cómo evitarán que se pare el desarrollo del outlet

-Mientras la sentencia no sea ejecutada... Nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto de obras y con la comercialización. No cambia absolutamente nada. Si alguien insta una paralización habrá que ver ese escenario, pero este jurídicamente también está contemplado y tiene sus mecanismos. Tenemos 30 días hábiles para recurrir. Mientras la sentencia no sea firme, vamos a seguir avanzando en las obras.

-La operación parte del 2008, ¿por qué se esperó tanto tiempo a impulsar la ordenación?

-Porque tuvimos una crisis muy profunda en este país que retrasó cualquier decisión. Pikolín aguantó una crisis histórica como muchas otras empresas. Hizo un gran esfuerzo para generar una nueva fábrica y seguir con el proyecto. Lo que era viable en el 2008, no lo era en el 2014. Empezamos a analizar el proyecto de una manera y lo hemos acabado definiendo de otra. Lo ideal hubiera sido tener la máxima flexibilidad normativa para hacer cualquier cosa con nuestro suelo, pero hay unas limitaciones urbanísticas. Finalmente, en el 2015, decidimos hacer un outlet porque vimos una clara oportunidad comercial y turística para Zaragoza, como las grandes ciudades de España que ya tienen un centro de descuentos de este tipo. Aunar decisiones económicas con velocidades jurídicas y administrativas es complicado y nos ha llevado a situaciones como la actual.

-El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) no les ha puesto las cosas fáciles, ¿confían en qué cambie el ayuntamiento tras las elecciones?

-Estamos todavía en fase jurídica y de lo que nunca hemos dudado es de que el ayuntamiento, con cualquier equipo de gobierno, va a cumplir sus compromisos como nosotros hemos hecho.

-¿Cómo valora la actuación de ZeC con Torre Village?

-Con la parte técnica del ayuntamiento, la relación ha funcionado perfectamente y hemos seguido sus indicaciones. Claro que nos hubiera gustado más fluidez, pero la realidad es que hasta anteayer estábamos en la situación que deseábamos. Políticamente ZeC siempre ha mostrado aversión a este tipo de actividades, y a pesar de ello el proyecto se ha desarrollado. Nada que objetar.

-¿Se han sentido víctimas de la batalla política?

-Hemos sido una herramienta política y eso no nos ha gustado nunca. Pensamos que hemos hecho un proyecto que genera riqueza, empleo, capacidad de atracción, visibilidad, turismo... Evidentemente no era popular en muchas circunstancias, pero no nos ha gustado entrar en el debate político y queremos que se nos saque del mismo. Es una cuestión jurídica.

-¿Cuál es el estado de las obra?

-Se ha ejecutado el 70% de la edificación. La obra de los accesos ya está acabada y ha sido recepcionada por el Ministerio de Fomento, al igual que muchos trabajos de urbanización que exigió el ayuntamiento. No tenemos la valoración de la inversión desembolsada ya, pero evidentemente son cantidades significativas.

-¿Cómo van las gestiones para tener parada del Cercanías?

-Somos un generador de tráfico para Adif y Renfe. Tenemos unas estimaciones de utilización que pueden hacer rentable esta vía que vertebra toda la ciudad, a la que yo denomino la línea 1 del metro de Zaragoza, desde el Príncipe Felipe a Torre Village, un eje que se podría dinamizar. Poder acceder en transporte público al outlet es una de las cosas más valoradas por los consumidores, según nuestros estudios. De momento tenemos asegurado el autobús (el casetero) y nos gustaría cerrar un acuerdo lo antes posible con la DGA, Adif y Renfe. Hay conversaciones y ahora hay que materializar un acuerdo.

-¿El revés judicial no afecta a esas negociaciones?

-No. Sigue todo igual. No ha cambiado nada de una semana a esta parte más que una sentencia que dice que el instrumento elegido no es el adecuado.

-¿Y si el Supremo ratifica la sentencia?

-Tendremos que analizarlo.

-¿La fecha de apertura prevista sigue siendo otoño?

-Sí. Abriremos para el Black Friday (en noviembre). No nos planteamos otro escenario a pesar de la sentencia.

-Si se ordena la paralización de las obras, ¿tienen un ‘plan b’?

-Tenemos analizados todos los escenarios y todos tienen muchas aristas. Hemos estudiado todas las contingencias que pueden surgir y se actuará en cada caso.

-¿Cuál sería el perjuicio para la empresa si el proyecto se cae? ¿Pedirían indemnizaciones?

-A fecha de hoy no tenemos cuantificado el perjuicio. La responsabilidad patrimonial del ayuntamiento no es un tema que vamos a poner ahora encima de la mesa, pero es un derecho. Partimos de la base de que se va a solucionar, por la vía judicial o ya veremos cómo. En términos mercantiles, ha habido una parte que ha cumplido sus obligaciones y la otra está pendiente de hacerlo.

-¿La comercialización de los espacios se verá dañada?

-No es la primera ni la última vez que se dan situaciones de este tipo. Los operadores están acostumbrados. No se asustan. Hemos hablado con ellos y no ha habido ninguna baja.

-Quedan solo nueve meses para que abra el centro, según prevén, ¿qué hay del proceso de selección de personal?

-Hay 5.800 personas en nuestra web de empleo. La inauguración se ha ido retrasando por diferentes razones. Con el nuevo escenario, queremos reactivar el proceso de selección y los cursos de formación el próximo mes de junio. Informaremos a los interesados.

-¿Cómo está viviendo Alfonso Soláns que el proyecto que promueve esté en la picota?

-No le gusta porque entiende que es un proyecto bueno para Zaragoza y que le aporta una oferta diferencial. Centros comerciales hay muchos, pero sí hay hueco para un outlet, un modelo que no existe en 300 kilómetros a la redonda. Soláns siempre ha apostado por Zaragoza. Podía haber tomado la decisión, y tuvo ofertas para ello, de irse fuera. En el 2006 y el 2007, cuando lo habitual eran las deslocalizaciones, dijo que se quedaba aquí, aunque no fuera lo más rentable. Lo único que quería era ayuda para financiar el traslado de la fábrica de Pikolín, una cuestión legítima y prevista en el Plan General, como han hecho otras empresas como Aceralia, Schindler o Filtros Mann. Además, sin recalificación para pisos. A pesar de la controversia administrativo-jurídica, sigue confiando en Zaragoza, su ciudad, y en que todo el mundo cumplirá sus compromisos.

-¿Les ha fallado alguien?

-No, al revés. Hemos visto contestación porque estos eventos polarizan bastante, pero hay más gente que lo ve más como un valor que como una amenaza.

-La DGA apoya el proyecto, pero choca que lo priorizara por silencio administrativo.

-Nos quedamos con que tenemos la declaración de interés autonómico. El presidente Lambán lo ha apoyado públicamente.

-¿Confían en que cuando se abra el centro acabe la polémica?

-Creo que sí. Tenemos que pensar que estamos en el siglo XXI y que se requiere de otros diseños de ciudad. El proyecto suma, aporta y da valor. Es contestado como todo cambio, pero hay que tener visión estratégica y hacer algo para pasar de ser una ciudad de paso a una ciudad de parada. Torre Village es un ancla para eso, porque el outlet es un atractivo.

-¿Existe el riesgo de que acabe siendo un centro comercial convencional?

-No. Es un outlet por contrato y bajo los criterios que marca la normativa. Tiendas con descuentos del 30% al 70%, al margen del parque de medianas, donde está Bauhaus. Y se complementa con la experiencia de ocio y restauración, con un peso importante.

-Pero el modelo de centro comercial está en crisis.

-Nuestra propuesta es diferencial porque es un outlet. Además, en momentos de crisis estos funcionan bien. La gente, cuando busca una oferta, quiere verla y tocarla, no se fía de internet. Este modelo resiste mucho mejor la embestida del comercio electrónico. Además, estamos preparado un centro del siglo XXI y con experiencias. Y tenemos un proyecto muy interesante de digitalización del comercio.