La presión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tiene su recompensa. Este organismo estatal logró el pasado año en Aragón unos resultados sobresalientes que han permitido mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores. En concreto, gracias a las actuaciones de control y detección del fraude, se han regularizado 11.788 empleos en el 2019. Esta cifra histórica se ha alcanzado gracias a la intensificación de las campañas contra los abusos en la contratación (temporal o a tiempo parcial) y la mayor vigilancia del empleo no declarado, lo que ha tenido una especial visibilidad en los denominados falsos autónomos.
La actividad en la comunidad de la policía laboral, adscrita hasta ahora al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se tradujo en la tramitación de 18.455 expedientes, lo que supone un incremento del 4,3% respecto al año anterior. El balance de esta labor muestra un repunte en todas los indicadores contabilizados. Así, se llevaron a cabo 34.383 controles (un 8% más) y 11.634 visitas a centros de trabajo y empresas (un 6% más), de las que 1.157 fueron en horarios especiales (nocturnas y fines de semana).
Como consecuencia de todo ello, el dinero aflorado por fraudes a la Seguridad Social en Aragón se ha disparado un 48%, hasta un total de 38,8 millones de euros frente a 26,3 millones del 2018. Se trata de cantidades reclamadas a las empresas por el pago de cotizaciones sociales, prestaciones, bonificaciones o subvenciones indebidas.
SANCIONES E INFRACCIONES
El número de infracciones experimentó un incremento del 5%, hasta 2.817 (es decir, el 15% de total de los expedientes), lo que dio lugar a sanciones por un importe de 10,5 millones, según los datos facilitados por el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, Román García.
Del total de empleos regularizados, 5.891 fueron aflorados en la economía sumergida, es decir, trabajadores cuya actividad no estaba reconocida por falta de alta, carencia de autorización para trabajar o declarar una jornada muy reducida. Respecto al 2018, este número se ha elevado un 86%, un fuerte incremento que se debe en gran medida a los falsos autónomos, con 1.841 casos descubiertos hasta el 30 de septiembre --se prevé superar los 2.000 en el conjunto del año--.
Otra parte importante del resultado corresponde a 4.939 contratos temporales que fueron transformados en indefinidos, un 16% más que en el 2018, cuando se regularizaron 4.119 empleos en fraude de ley por abuso de la temporalidad. Se trata del mejor dato cosechado por la ITSS en esta materia en los últimos años (3.460 en el 2017, 2.749 en el 2016, 1.853 en el 2015, 1.572 en el 2014 y 1.586 en el 2013). A estos hay que sumar otros 938 empleos a tiempo parcial que vieron incrementada la jornada.
PLANES DE CHOQUE
La actuación de la autoridad laboral ha estado condicionada por el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, puesto en marcha con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez y en cuya elaboración colaboró la dirección general de Trabajo de la DGA. La iniciativa incluye dos planes de choque. Uno de lucha contra el fraude en la contratación temporal, que ha permitido que 1.425 trabajadores se conviertan en indefinidos, el 29% de todos los que se transformaron por al actuación de la ITSS (el resto gracias a controles ordinarios).
Y otro, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, con el que se ha incrementado la jornada de 587 empleados cuyas empresas declaraban facciones de tiempo ilógicas con su actividad. Estos suponen a su vez el 62% de los contratos ampliados por la actuación inspectora. Ambos planes de choque también han permitido el afloramiento de 343 empleos sumergidos.
La primera fase de estas campañas consistió en el envío de 1.903 comunicaciones a las empresas presuntamente incumplidoras. El número de trabajadores afectados por posibles fraudes en la contratación era de 5.432. De ellos, 2.104 tenían que ver con abusos en la temporalidad, sobre todo, en la industria (el 21%) y el comercio (17%); y 3.328 por el uso irregular del contrato de tiempo parcial, la mayoría en la hostelería (54%) y el comercio (25%).
La segunda fase de estos planes, que se ha iniciado el pasado diciembre, consiste en la visita a las empresas que no han regularizado la situación presuntamente fraudulenta, lo que permitirá obtener resultados adicionales.
MÁS DENUNCIAS
La Inspección de Trabajo recibió el pasado año en Aragón 3.205 denuncias --97 de ellas por el nuevo registro de jornada--, un 22% más que en el año anterior. Esto supone un cambio de tendencia en el escenario social, después de la crisis, en la que hubo «una menor presión de los trabajadores», destaca García. Esto se debe a la recuperación económica y a la mayor visibilidad de la actividad del organismo, que en los últimos dos años ha llevado a cabo actuaciones muy notorias y mediáticas.
Otro de los frentes que se han intensificado al calor del Plan Director por un Trabajo Digno es del pago a los trabajadores de salarios no abonados (por pluses, la aplicación indebida del convenio colectivo o horas extra no remuneradas). Así, la Inspección logró recuperar 350.000 euros el pasado año, que fue el primero en el que comenzó a contabilizarse esa materia.
En este sentido, la autoridad laboral está haciendo uso, además, de una herramienta prevista en la ley --la de jurisdicción social del 2011-- para reclamar de oficio en los tribunales perjuicios económicos a los empleados que detecta en sus actas de infracción, sin necesidad de que sea el trabajador quien tenga que denunciar. En los dos últimos años ha presentado 19 demandas judiciales de este tipo en Aragón, ninguna por ahora con sentencia.
INSPECCIÓN REFUERZA SU PLANTILLA EN LA COMUNIDAD
El cuerpo de efectivos en la calle de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) está formado actualmente por 65 trabajadores (hay vacante una plaza pendiente de cobertura en Zaragoza). En concreto, el organismo dispone en la comunidad de 26 inspectores y 40 subinspectores laborales. De estos últimos, 36 son de Empleo y Seguridad Social y 4 de Seguridad y Salud Laboral, una nueva escala creada en el 2015 a la que se van a incorporar próximamente 5 efectivos. De esta manera, la plantilla actuante crecerá hasta 71 puestos. Además, la ITSS cuenta con otros 52 trabajadores en tareas de administración y servicios, lo que hace un total de 123 personas.
