La concienciación social que a trancas y barrancas se ha ido abriendo paso en la violencia de género o la que los padres ejercen sobre sus hijos no acaba de llegar a las situaciones en las que la autoridad familiar se ve revertida, y son los hijos quienes agreden, verbal o físicamente, a los padres. Pese a que este problema es «muy frecuente», y cada vez más, los afectados siguen sintiendo una gran incomprensión social, una mezcla de «miedo y vergüenza», explica la psicóloga zaragozana Paz Paniagua, ante la sensación de no poder hacerse con el hijo y tener que oírse un «si le hubierais dado un bofetón a tiempo...»
Quizá por esto, un informe de la Fundación Amigó, elaborado a partir de datos de la Fiscalía General del Estado, calcula que apenas un 15% de las familias que sufren este problema se atreven a denunciarlo ante la Policía o el juzgado. Y son trece las que, cada día, denuncian un episodio de este tipo en España, según el mismo documento.
El problema es general del país, y Aragón no escapa de ello. Así lo constatan en el Servicio de Atención al Menor en Conflicto Social de los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. La unidad de Medio Abierto colabora habitualmente con la Fiscalía de Menores de Zaragoza -de hecho tienen sus instalaciones en la Ciudad de la Justicia- y sus tareas se reparten entre la mediación en casos para su resolución extrajudicial; y la intervención en casos ya juzgados, de cara a intentar solventarlos, según explica uno de sus reponsables, el educador social Antonio Balsa.
Los datos que maneja la institución no son del todo precisos, ya que se mezclan casos de violencia de género (pocos) con todo tipo de maltrato dentro de la familia (entre hermanos, por ejemplo), combinando vejaciones con agresiones. Aun así, el número total de atenciones a menores da idea del incremento, considerando los 17 menores que atendían en el 2010 y los 70 que manejaron el año pasado, con un acelerado y constante crecimiento.
CLASES ALTAS
Balsa afirma que, por su experiencia, el problema no conoce de clases sociales. «Es más, diría que se da más en medias y altas», asegura. No es extraño si una de sus causas, como coinciden otros expertos consultados, es no negarle nada a los menores, «no poner límites», como sintetiza Paniagua. «Los síntomas ya se pueden dar en un niño, cuando se expresa con patadas y chillidos, y se le deja hacer con la excusa de que es pequeño. Ahí hay que empezar a corregir, la violencia surge cuando acaban las palabras».
No poner coto a los caprichos, no atajar las adicciones, «de todo tipo, no solo las drogas -aunque frecuentemente se ven asociadas a los episodios violentos-, sino a los videojuegos o al móvil», explica Balsa, favorece estos conflictos. «Si no hay un cierto control sobre el menor, si nos roba dinero para lo que sea, si no sabemos con quién anda, y de repente pretendemos cortar sus relaciones, o quitarle la Play Station, el conflicto puede estallar», expone.
La unidad de Servicios Sociales cuenta ya con 25 años de servicio, y hace ya una década que estableció un equipo específico para tratar a menores de 14 años, en todo tipo de problemas, no solo de violencia filioparental. Algo importante, dado que estos son inimputables y no van a encontrar ningún reproche penal en sus conductas. La Fiscalía de Menores deriva al servicio a los que estima convenientes (7 el año pasado, 10 el anterior, solo por este problema en Zaragoza) para someterse a algún tipo de terapia, algo que el ministerio público ensalza en su memoria anual por prevenir males futuros y destapar problemas colaterales, como el absentismo escolar.
Las tipologías de las familias y los menores donde se desencadenan estas agresiones son tremendamente variadas, coinciden los expertos. La falta de autoridad y límites son prácticamente omnipresentes, «pero también puede ser por exceso, padres muy autoritarios que usan la fuerza y el menor, cuando se ve igualado en fuerzas, responde de la misma forma», explica la psicóloga Paniagua.
ADOPCIÓN
Antonio Balsa apunta que en la unidad tratan «un número importante» de casos de menores adoptados, sobre todo en el extranjero. Un porcentaje no mayoritario pero desde luego «sobrerrepresentado» respecto a las adopciones en la sociedad en general. Y sorprendentemente no tienen por qué ser acogidos a una edad avanzada. «También se da en bebés. Tienen un síndrome alcohólico fetal, o alguna vivencia enterrada de sus primeros días, y cuando llega la adolescencia se une a la crisis», afirma el educador.
Los casos que atienden en Zaragoza son mayoritariamente de varones, pero Balsa apunta que también está creciendo la presencia de las chicas, que ejercen esta violencia de forma distinta, habitualmente. «Es más de insultos, amenazas o destrozos, no tanto de agresión física. Y en los chicos yo creo que no hay más de estas últimas porque, pese a todo, se contienen. Y esto también contribuye a que las familias tarden más a denunciar».
Porque este, aunque sea dolorosa, a veces es el único recurso. Hay cosas que intentar antes, como acudir a una terapia psicólogica. Paniagua confirma que es útil, «siempre que se reconozca el problema y se tenga intención de solucionarlo», y más eficaz si se aborda en familia. «Sobre todo es importante el respeto, tanto de la sociedad hacia los padres y el menor, como entre estos», apunta.
Para Balsa, la solución se demora por «vergüenza, pero también por falta de servicios de prevención, y porque no todo el mundo tiene recursos económicos para ir a un psicólogo privado, y eso se añade a la vergüenza. Recursos públicos hay, también municipales, pero quizá no todos los que debiera. Denunciar a un hijo es doloroso, también porque en cierta forma es reconocer un fracaso educativo, es una petición de ayuda desesperada».
Si se toma la decisión, eso sí, «es importante saber que el cambio es de todos. No pueden cambiar a su hijo sin cambiar ellos, hay que crear un nuevo sistema de convivencia», advierte.
