Nadie duda en Aragón de que el constructor soriano Agapito Iglesias, accionista mayoritario del Real Zaragoza SAD, es un magnate --"personaje muy ilustre y principal por su cargo y poder"--, aunque su emporio está cayendo en la insolvencia: cuatro empresas vinculadas con la compañía deportiva blanquilla se encuentran en concurso de acreedores, y una de ellas ha entrado en fase de liquidación.

Las dos últimas en reclamar la declaración de insolvencia han sido ADL Technology y Stalia Real Estate, relacionadas con las polémicas operaciones de la finca de La Almunia y el chalet de lujo de Pozuelo de Alarcón --ambas rescindidas por orden judicial por haber sido perjudiciales para el patrimonio del Real Zaragoza-- y con las que comparte sede en esa localidad madrileña Zaragoza Sport Arena XXI, la sociedad patrimonial a través de la cual Iglesias posee el 86% de las acciones del Real Zaragoza SAD.

CONCURSO

El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid declaró hace unos días en concurso a ambas empresas. Sus ejecutivos conservan "las facultades de administración y de disposición de su patrimonio", aunque bajo la vigilancia del economista Luis Velasco Massip, que ha sido designado como administrador concursal.

El tribunal ha efectuado ya la comunicación a los acreedores para que le indiquen qué deudas reclaman a ADL Technology y a Stalia Real Estate.

ADL Technology, controlada por Javier B.F --uno de los ejecutivos de cabecera de Iglesias--, es en realidad una filial de Stalia Real Estate, que posee el 100% de su capital social.

El constructor soriano controla el 19,1% de las acciones de esta última: un 14,8% a través de Inversiones Agapito Iglesias --la matriz del grupo Codesport-- y otro 4,3% con la sociedad patrimonial Iglesias Revilla SL. El grueso del capital, no obstante, está en manos de la familia B., un grupo madrileño conectado con las elites financieras y empresariales de la capital.

ADL Technology recibió hace unos años en una operación de compensación de deuda, sin efectuar ningún desembolso, la parcela de La Almunia, cuyo precio se disparó en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria: el ayuntamiento la había vendido por 162.150 euros --tiene una superficie de 6.900 metros cuadrados-- y, cuatro años más tarde, la sociedad que dirige B. se la traspasaba a Zaragoza Real Estate --la filial inmobiliaria del Real Zaragoza-- por 2,5 millones más 450.000 euros de IVA: cobró 1,125 millones en un pagaré del traspaso de Ander Herrera y recibió avales de la compañía blanquilla por el resto.

Iglesias vendió la operación como una adquisición de propiedades para avalar el aplazamiento de deuda que cerró con Hacienda antes de meter al Zaragoza en concurso, aunque los tribunales terminaron por obligarle a deshacer el trato: resultaba perjudicial para la empresa deportiva.

La magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza, Carmen Vilellas, también ordenó rescindir, por suponer un episodio de despatrimonialización para el Real Zaragoza, la adquisición en el 2010 por Zaragoza Real Estate de la opción de compra de un chalet de lujo en Pozuelo del que faltaban por pagar 1,5 millones. La filial inmobiliaria blanquilla pagó medio millón de euros --467.289 más IVA-- a la empresa catalana Promart, que a su vez había firmado el trato inicial con Stalia Real Estate.

PRALEYA

El principal acreedor concursal privado del Real Zaragoza SAD, Praleya, se encuentra en la última fase del concurso de acreedores: la liquidación. Otro asunto será que sus bienes sirvan para cubrir el agujero existente en sus cuentas, ya que el único bien de que dispone la sociedad es un terreno edificable en Miralbueno.

Praleya tenía como administradores, además de a Agapito Iglesias, al arquitecto Alberto Casado --exempleado y exejecutivo de algunas sociedades del grupo Codesport-- y a dos empresarios del sector de la construcción. Es el mayor acreedor comercial de la empresa con una deuda de 9.090.416 euros, solo superada por los 14,2 millones que tiene pendientes de cobro el Shaktar Donetsk --provienen de una sanción deportiva-- y los 38 que reclama Hacienda por impago de impuestos.

Praleya adquirió ese crédito en una operación con Codesport, una de las firmas principales del constructor soriano, que también se encuentra en concurso de acreedores.

La liquidación de Praleya determinará quien pasa a convertirse en acreedor del Real Zaragoza por esos algo más de nueve millones de euros.