1.- La concesión de obra pública, desde 25 hasta 40 años
La fórmula concesional es una de las tres opciones de financiación, similar a la empleada, por ejemplo, en el CDM Duquesa Villahermosa. Sería por un plazo de entre 25 y 40 años e incluye el pago de un canon de disponibilidad, que sería de un máximo de 15 millones de euros al año, a repartir entre la DGA y el ayuntamiento (aunque puede ser mucho menor en función de la demanda o de que se incluya la cesión de suelo). El riesgo de que compute en deuda es elevado.
2.- El derecho de superficie, casi descartado
La fórmula de ceder el derecho de superficie (la administración es titular del suelo pero no de lo que se construya en él) a una empresa funcionaría como un arrendamiento ordinario para el ayuntamiento y la DGA. Es lo que propuso la firma Grupo Oríz. La constructora adelanta las obras y cobraría en un pago aplazado a 25 o 30 años. El riesgo de que compute en la deuda pública es muy alto y dispararía los costes.
3.- La colaboración público-privada, el modelo preferido
Esta fórmula ha funcionado en el Plan Red de carreteras de la DGA. El «diálogo competitivo» puede abaratar el precio. El objetivo es reunir a las empresas constructoras, plantearles cuál es el proyecto a realizar y ellas proponen cómo hacerlo (si hay que modificar algo), por cuánto lo harían y cómo estarían dispuestas a cobrar, y si admiten en el pago la cesión de suelo como contraprestación. Cada una ofrece sus condiciones y pueden mejorar las del resto.
