Una jefa de servicio, una jefa de negociado y un administrativo conformarán el equipo humano que se encargará de desarrollar la ley de memoria democrática de Aragón, que entró en vigor ayer. Por el momento, solo la primera está trabajando.

Así lo expuso ayer en el pleno de las Cortes el consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, en una respuesta parlamentaria al diputado de Podemos Alfonso Clavería, que le interpeló precisamente acerca de la puesta en marcha de la norma.

Al menos hasta la próxima legislatura, el equipo será el citado, según la explicación del consejero Guillén. Este admitió que, contando con este personal, «la prórroga presupuestaria no nos ayuda», y que tendrán que trabajar con el dinero de la Dirección General de Relaciones Institucionales, al haber sido encomendado el desarrollo de la norma a su consejería. «Intentaremos llevar adelante algo», confió Guillén.

En cualquier caso, afirmó, el Gobierno de Aragón no ha estado ocioso. «Hemos contactado con el Estado para actualizar la información de los archivos provinciales con la de los registros penitenciarios», repasó, con otras medidas como el inicio de los estudios para elaborar el protocolo de exhumaciones o la atención de las llamadas y consultas presenciales que se han producido desde la promulgación de la ley, que ayer entró en vigor. También recordó que el próximo lunes, 4 de marzo, se celebrará el Día de la Memoria en Alcañiz, y que previamente, a lo largo de la próxima semana, se darán a conocer algunos actos programados.

Las medidas, en cualquier caos, estuvieron lejos de los fines ambiciosos que marca la ley y por los que preguntó el diputado Clavería. Por ejemplo, la elaboración de la comisión de ADN -para recoger muestras, lo cual «urge» en algunos casos de gente mayor, recordó el representante de Podemos-; los convenios con asociaciones memorialistas para la exhumación o la señalización de lugares y rutas de la memoria «como el barranco de la bartolina en Calatayud».

También animó a comenzar a recordar a los consistorios que tendrán consecuencias (como no recibir subvenciones) si no retiran los símbolos franquistas en 21 meses.