El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza mostró ayer, de forma unánime, su apoyo al rector en su decisión de llevar a los tribunales a la DGA si esta no paga los 53 millones de euros que le reclama la institución académica por el incumplimiento del acuerdo de financiación firmado en el 2011.

En una declaración pública sobre el sistema de financiación, el Consejo de Gobierno --integrado por todos los sectores de la comunidad universitaria-- dio su respaldo a las "reivindicaciones expresadas por nuestro rector" y solicitó al Gobierno de Aragón, partidos políticos y ciudadanos que atiendan "esta petición" y hagan "una apuesta en firme por el proyecto de todos que es la universidad recuperando el diálogo, para alcanzar un pacto estable, que permita satisfacer sus necesidades fundamentales, evitar el colapso y programar sus actuaciones".

En el escrito, la universidad asegura ser "consciente" de los "sacrificios exigidos a los ciudadanos" y de la "actual escasez de recursos" y apela a "la constatada vocación solidaria de nuestra universidad"en referencia a la acusación de insolidaria vertida desde la propia presidenta del Ejecutivo, Luisa Fernanda Rudi. "Reivindicamos una adecuada financiación pactada por todas las fuerzas políticas que debe ser comprendida como una inversión necesaria para el futuro de Aragón, pues solo profundizando en la sociedad del conocimiento podremos dar respuesta a la crisis económica actual", expone la declaración.

Además, la universidad elogió el trabajo de los 4.000 profesionales que la componen, "altamente cualificados, aquejados por tasas de reposición que impiden su necesaria su renovación" y denuncia unas infraestructuras "cada vez más obsoletas por falta de mantenimiento y ausencia de inversiones nuevas". En este sentido, este diario avanzó ayer que el rectorado ha dado orden de no acometer, hasta febrero, tareas no urgentes como reparación de persianas o cambio de alumnado fundido.

Asimismo, el campus lamenta "una política de tasas elevadas que no favorece el acceso a la enseñanza" para describir una situación, que "se agrava por una deficiente financiación que sitúa nuestra universidad en el penúltimo lugar entre las públicas y por la ausencia del modelo de financiación, que dificulta la gestión ordinaria e impide planificar a medio y largo plazo".

Por último, recuerda que la institución "se encuentra entre las 500 mejores universidades del mundo" y desempeña, además, un papel esencial en la vertebración del territorio y en la creación de un tejido social formado, crítico y con valores cívicos".