Unión, Progreso y Democracia (UPD) ejercerá la acción popular en el caso Caladero. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, autorizó el lunes mediante una providencia la personación de la formación política como acusación en esta causa, en la que hoy están citados a declarar como imputados el exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA y exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, y Santiago Coello, exalto cargo de la Consejería de Economía y exconsejero de la empresa pública Plaza Desarrollos Logísticos.
Los otros dos imputados, la exalto cargo de la Consejería de Economía Pilar Valdivia y el exjefe financiero de Plaza, Pedro Colás, deben comparecer el próximo 10 de febrero.
DENUNCIA La magistrada abrió la causa, en la que investiga un genérico delito de prevaricación, tras recibir el pasado mes de junio una denuncia de la Fiscalía, que había desarrollado una investigación preliminar tras señalar un dictamen de la delegación del ministerio público en el Tribunal de Cuentas la existencia de indicios de delito en el contrato de "ejecución y realización de obra civil en interiores de nave industrial en la parcela Alia-1", el edificio en el que iba a instalarse la empresa Caladero.
La denuncia de la Fiscalía señala que el acta de recepción definitiva de la obra fue firmada el 4 de enero del 2010, en un documento en el que la constructora Conavinsa y Plaza Desarrollos Logísticos acordaban que no tenían nada que reclamarse y que quedaban saldadas las obligaciones derivadas del contrato, que valoraba la obra en 11,25 millones de euros.
Sin embargo, Plaza Desarrollos Logísticos y la constructora, una filial del grupo Prainsa, acordaron seis días después, el 10 de enero, una modificación del contrato cuya tramitación había comenzado en noviembre del año anterior y por la que el precio de los trabajos se veía incrementado en 1,88 millones.
Y al día siguiente, el 11 de enero, volvían a reunirse para formalizar un contrato complementario para incluir una serie de actuaciones cuyo coste ascendía a 1,22 millones.
El primer acuerdo elevaba el precio en un 16,7% y el segundo, en un 29,42%. Ambos fueron posteriores a la recepción de la obra.
La denuncia de la Fiscalía destaca que en la documentación aportada por la empresa pública al Tribunal de Cuentas "no constan las causas de esos contratos adicionales, las características y naturaleza de sus obras ni las razones por las que no se tuvieron en cuenta en la preparación del contrato originario".
CERTIFICACIONES El ministerio público también puso de manifiesto que "no se aportaron las certificaciones mensuales primera y última de obras ejecutadas que se requieren expresamente" y que, por otro lado, "se han remitido unas facturas en las que no consta el objeto de este contrato y no se las puede vincular al mismo".
La Fiscalía mantiene que la modificación del contrato y el acuerdo complementario supusieron "un incremento importante del precio" que "no puede considerarse justificado".
La denuncia también destaca que el acta de recepción definitiva de las obras fue firmada antes de acabar el plazo de garantía.
