La acusación popular en el caso saqueo, ejercida por UPD, recurrió la decisión del juez instructor que rechaza la necesidad de descubrir el paradero de los más de 17 millones de euros malversados supuestamente por los cuatro imputados, el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó; el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el constructor Agapito Iglesias y el exdirector técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez.

La abogada Irene Romea considera "inoportuno" que el magistrado Francisco Picazo cierre esta vía de investigación, ya que el dinero "procede de todos los aragoneses".

De hecho, le recuerda que esta solicitud, que también hizo Fiscalía, fue acordada por el propio investigador, quien consideró necesario saber "los flujos económicos y patrimoniales de los imputados con estudio de cuentas bancarias, declaraciones tributarias o cualquier otra documentación de los ejercicios 2005 a 2010, inclusive".

Esta averiguación fue encomendada a la Agencia Tributaria, quien contestó que no era la competente para ello, sino que debía hacerlo un auditor de cuentas. Ante ello, UPD pidió que este trabajo fuera realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, siendo rechazado por el juez Picazo al considerar que es "absurdo" porque un "dinero ilegalmente obtenido no puede figurar ingresado en una cuenta corriente o en un lugar que pueda ser localizado".