La industria cárnica aragonesa, uno de los sectores más florecientes del momento y con miles de empleos tras de sí, ha sufrido un duro golpe que pone en cuestión su modelo laboral, basado en nutrirse de mano de obra con trabajadores autónomos a través de cooperativas. La Inspección de Trabajo ha echado abajo este esquema en las actas de liquidación que ha levantado en la comunidad contra cinco empresas. En total, les exige el pago de casi 3,5 millones de euros (3.493.587) por las cuotas a la Seguridad Social de los últimos cuatro años -con un recargo del 20%- correspondientes a 270 falsos autónomos que prestaban servicio a través de Servicarne, una cooperativa de trabajo «ficticia», según concluye la investigación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El grueso de las inspecciones afecta a dos filiales del grupo Vall Companys, al que se reclaman 2,7 millones por 214 trabajadores.

En concreto, el matadero de Cárnicas Cinco Villas, con 189 afectados y una reclamación de 2,1 millones, es el principal foco de la investigación. Este centro de Ejea de los Caballeros es propiedad del citado grupo catalán, al que también pertenece la avícola Pondex, a la que se han detectado 25 falsos autónomos en Zaragoza. Otra de las empresas contra las que se ha fallado es una granja de pollos de Sada Producciones Ganaderas (51 afectados), que está en manos de la multinacional holandesa Nutreco.

La Inspección, que ha llevado a cabo esta actuación de forma coordinada en toda España, ha ordenado que todos estos trabajadores sean dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social como asalariados de la empresa beneficiaria de sus servicios y no de Servicarne, una cooperativa de trabajo que solo «en apariencia» y que tampoco puede catalogarse como empresa de multiservicio, según concluye.

Los fallos dictados por la autoridad laboral en Aragón son similares al que afecta al matadero de la compañía Aragonesa de Piensos (Arpisa) en Berantevilla (Álava), donde 81 trabajadores que Servicarne ponía a disposición de esta empresa ha sido considerado falsos autónomos, según avanzó El País la semana pasada. Estas actas son las primeras en ver la luz de una actuación desarrollada a nivel nacional a raíz de las denuncias presentadas, principalmente, por el sindicato CCOO. El fraude podría afectar en todo el país a 50 empresas y 5.300 trabajadores de 20 provincias.

ACTITUD OBSTRUCCIONISTA

La respuesta de Vall Companys no se ha hecho esperar. Por un lado, ha presentado alegaciones al fallo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), lo que hará que el asunto acabe en los tribunales, que serán los que tengan la última palabra sobre una polémica que afecta a miles de trabajadores en toda España, la mayoría de ellos inmigrantes. Por otro, el gigante cárnico ha tomado una actitud obstruccionista al dar de baja las altas laborales ordenadas. Esto ha motivado incluso que se esté planteando una reforma legal para evitar que las empresas pueden modificar cotizaciones sociales dictadas de oficio y con carácter retroactivo como consecuencia de una actuación inspectora.

Hasta hace poco no había precedentes judiciales en esta materia. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 18 de mayo ha sentado jurisprudencia al concluir que las cooperativas que utilizan en el sector del transporte la figura de los falsos autónomos son un fraude de ley. Este fallo podría extrapolarse al caso de las cárnicas, ya que coincide con el criterio apuntado en sus actas por la Inspección.

Si los jueces ratifican este criterio, los afectados podrán reclamar derechos que se derivan de su relación laboral anterior, como finiquitos por despido o prestaciones por bajas de accidentes o enfermedad laboral no cubierta en el régimen de autónomos. También podrían exigir la devolución de las cotizaciones abonadas como trabajadores por cuenta propia, así como la devolución de las cuotas pagadas para formar parte de la cooperativa, que suelen rondar los 50 euros mensuales.

El informe determina que una cooperativa de trabajo es aquella en la que libremente las personas se asocian para prestar un trabajo propio o personal, algo que no se cumplen en Servicarne. La Inspección concluye que se utiliza «esta forma jurídica» y que «se cubren alguna de las formalidades», pero en realidad no funciona como un órgano «real y democrático» y los socios no participan libremente en la toma de decisiones ni tienen control sobre el servicio que prestan o su retorno económico. «La cooperativa solo actúa como una mera gestora», se apunta.

Otra de las principales conclusiones de las conclusiones del acta inspectora es la que la cooperativa tampoco encaja en la definición de empresa de servicios. Trabaja determina que hay un fraude de ley y que la relación laboral del trabajador es directamente con la compañía beneficiaria de su servicio.