La exhumación de los cuerpos de los fusilados franquistas que se encuentran en la cripta del Valle de los Caídos sigue bloqueada a la espera de un nuevo informe técnico, de la voluntad del prior de la basílica y de un último impulso político. Sin embargo, un pequeño boquete en un muro, tapado con un cristal, ha permitido que seis familias procedentes de Calatayud pudieran avistar, por primera vez desde la construcción del mausoleo, las cajas negras de madera en las que fueron trasladados sin permiso los cuerpos de sus familiares en los años cincuenta. Un pequeño avance en el lento proceso de ejecución de la sentencia que hace tres años ordenó la recuperación de los cuerpos de los hermanos Lapeña.
Los familiares que se han sumado al proceso de exhumación de los cuerpos vivieron un «momento de emoción» al acceder a los niveles en los que se encuentran los restos que les fueron robados en plena dictadura, según recordó el abogado Eduardo Ranz. La bilbilitana Mercedes Abril, que lleva sesenta años sin saber dónde está el cuerpo de su padre, pudo asomarse al osario al que supuestamente fue trasladado. «Siento que está ahí dentro», dijo el pasado 26 de febrero.
La de Rafael Abril, desaparecido el 22 de septiembre de 1936, es una de las muchas historias repetidas en el Valle de los Caídos que ahora buscan «una reparación mínima, democrática, legal y moral frente a aquella locura», expresó el letrado.
Las seis familias que han podido visitar los columbarios de la basílica forman parte de un proceso mayor en el que se incluyen descendientes de los represaliados de varias zonas de España. En un gesto simbólico que marca un cambio en lo tortuoso del camino legal fueron recibidos en el Palacio Real de Madrid por técnicos de Patrimonio Nacional -la entidad que gestiona el Valle de los Caídos tiene allí su sede- y recibieron «una explicación científica» de los trabajos que se están realizando.
En este momento el Instituto Torroja está trabajando en un nuevo informe forense que determine la situación de los restos y también la viabilidad técnica de proceder a la retirada de las cajas. De forma paralela se han tomado muestras a los familiares para poder identificar cada uno de los cuerpos antes de la devolución definitiva para un «entierro digno», según reconoció la sentencia del juzgado de San Lorenzo del Escorial.
Posteriormente, y acompañados por el abogado y varios de los técnicos se trasladaron en dos furgonetas oficiales a Cuelgamuros, donde se levanta la Cruz de los Caídos, para penetrar en la que está considerada como la fosa común más grande del país. «Hemos encontrado mucha más predisposición que en otras ocasiones», expresó el portavoz de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico) y familiar de los hermanos Lapeña. A pesar de las buenas palabras lamentan que no existan plazos oficiales para proceder a la retirada de las cajas, aunque tras la última reunión con Patrimonio Nacional se les habló de que en cuatro meses se podría completar el proceso. Eso fue el pasado 20 de noviembre.
EN BUEN ESTADO
Capapé señaló que el estado de los columbarios del Valle de los Caídos parece «bueno» a simple vista, con todas las cajas apiladas y en las que todavía se aprecian las marcas de tiza realizadas durante el traslado desde los cementerios y las fosas comunes. Los restos de los fusilado en Calatayud, Ateca o Munébrega se encuentran en el nivel tres, según los investigadores. Sin embargo, la presencia de algunos lotes en zonas que no se corresponden con los libros de registro de la abadía, podría complicar aún más la recuperación.
En un primer momento les aseguraron que serían recibidos por el prior, Santiago Cantera, pero finalmente no se produjo la cita. Durante el recorrido por el interior del templo y las salas que hasta ahora estaban bloqueadas por su negativa a la exhumación no sufrieron las molestias ni la ingerencia de los religiosos.
La demanda de exhumación de los hermanos Lapeña se logró gracias a un proceso por la vía civil, en base al antiguo expediente de jurisdicción voluntaria, derogado el 2 de julio de 2015. En este tiempo se han sucedido las trabas judiciales que obligaron incluso a reclamar el amparo ante las Naciones Unidas.
