Varios municipios de Aragón están convencidos de que este es el momento de hacer valer sus derechos ante un impuesto como el de Contaminación de las Aguas (ICA) que, tras la llegada de los primeros recibos a Zaragoza, está en boca de todos. Tres alcaldes dieron un paso al frente ayer para hacer un «llamamiento» al resto de localidades que, como la capital, no están conformes con este tributo y para reclamar añ Gobierno de Aragón «un acuerdo ciudadano, no de siglas» para solucionar el creciente malestar social.

Miguel Ángel Guiu, de Pastriz; Marta de Santos, de Murillo de Gállego; y Aitor Clemente, de Aguaviva, ponían voz a otros muchos que, aseguran, estarán detrás de la pancarta de la manifestación convocada el próximo día 4 de febrero. Son, explican, de distinto color político y, como es su caso, con problemáticas diferentes a la de Zaragoza, pero con una misma conclusión: «Que la cordura y las ganas de resolver el problema imperen sobre las cifras y las mentiras, porque si lo importante es un papel, terminaremos en los juzgados todos».

contra un «gigante» // Están dispuestos a judicializar el conflicto por el ICA, algo que durante años no han hecho porque «agotada la vía administrativa, solo quedaba ir al contencioso» y las «herramientas son muy limitadas» en un pueblo pequeño como para pelear en los tribunales con un «gigante».

Eran palabras del alcalde de Aguaviva, que expuso cómo su municipio cedió hace 15 años a la DGA la competencia de construir y gestionar una depuradora que nunca hizo y que luego, por no tenerla, fue sancionado «con 2.000 euros» por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) «el año pasado». Y, mientras tanto, los vecinos pagaban el ICA al Gobierno aragonés.

Ahora Zaragoza está en liza y ha abierto un camino hasta ahora inexplorado por ellos. La capital ha preparado un modelo de recurso al ICA, ha explicado al ciudadano cómo defenderse y por qué hay que hacerlo y ya lleva más de 20.000 interpuestos. «Ya nos gustaría poner a disposición de nuestros vecinos un abogado que les facilitara esos recursos», admitían. «Es un buen momento para dar esa información», añadían.

Se referían a Zaragoza, a la que respaldan y con la que dicen identificarse. Su problema es distinto pero da «visibilidad» al que «los demás llevamos viviendo hace 15 años». «Nos sentimos más escuchados», dicen. Pero su objetivo es «recuperar la autonomía» y la gestión de este cobro, como tasa, y no pagar «2 millones» a una empresa por girar recibos como antes hacían ellos; o que la DGA apueste «de verdad» por «levantar las alfombras» y poner fin a un «proceso muy oscuro». «Todos los pueblos están llamados a esa manifestación del día 4, contra la gran mentira», apuntaron.