Como guiño a Podemos y otros posibles socios en el terreno programático, Pedro Sánchez dedicó su discurso inaugural de investidura a desgranar un detallado e hipotético proyecto gubernamental, con el que aspira lograr una «segunda transformación» similar a la de la Transición, mediante una decena de pactos de Estado, tres cambios constitucionales y 25 reformas o nuevas leyes, si bien la mayoría iniciadas y varadas debido al adelanto electoral. Entre ellas, una veintena de normas de carácter social, con el que superar los seis desafíos del país, entre ellos el de la emergencia climática, desigualdad social y de género o la revolución digital.

En el terreno del cambio climático, Sánchez aseguró que no solo «nadie va a parar Madrid Central», como pretenden hacer PP y Cs, sino que extenderá las restricciones a los vehículos más contaminantes en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Asimismo, se comprometió a impulsar la rehabilitación energética, la fiscalidad verde, una ley de cambio climático o de plásticos de un solo uso, entre otras medidas que podrían ser compartidas por Podemos, como las promesas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda. Si bien en este terreno no hizo ninguna promesa concreta sobre la limitación del precio del alquiler, solo afirmó que, si es elegido, adoptará medidas para «frenar las subidas abusivas».

En educación prometió invertir el 5% del PIB, ocho puntos más que en la actualidad, y convertir a España en el primer país de la UE que reconoce este derecho «a lo largo de toda la vida» con la introducción de «sistemas formativos» nuevos. En referencia a Vox, pidió «repudiar» a quienes banalicen la violencia sobre la mujer, ofreció una ley de igualdad en el empleo, una ley de «familias, en plural», una norma contra la discriminación LGTBI y la inacabada reforma de los delitos sexuales, que establece que el consentimiento expreso de la mujer determina o no violación. Pidió apoyo para aprobar leyes contra la violencia infantil, el bienestar animal o la de la eutanasia.