El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, que a su vez es presidente de la sociedad con mayoría de capital público que gestiona la Plataforma Logística de Zaragoza (Pla-Za), aseguró ayer en las Cortes su voluntad de defender "lo público" en el debate suscitado por dos interpelaciones (del PP y CHA) con el trasfondo del uso de los suelos comerciales que Pla-Za ha sacado a subasta. En total, Pla-Za mantiene 281.000 metros cuadrados destinados a usos comerciales, un 2,8% del global de la plataforma. El 10 de septiembre el consejero ya compareció en comisión para tratar este asunto.

La polémica se centra en la subasta por procedimiento restringido de una pastilla de 14 parcelas, con una superficie de 176.000 metros cuadrados que ha salido a subasta este verano por un precio mínimo de 66 millones de euros y a la que optan dos empresas, Alcamuga (grupo Eroski) y Procom Desarrollos Urbanos.

"Garantice que no establecerá una gran superficie comercial en los suelos que ha sacado a concurso", le conminó Octavio López (PP) en su intervención. "Ustedes buscan ser los promotores más importantes de la ciudad y no les convalidaremos una decisión que parece de intriga y maquinación", insistió.

El consejero le acusó de "crear una bola para ver cómo pueden fastidiar el desarrollo de Pla-Za. A eso juegan". Velasco negó que se desvirtue la finalidad logística de Pla-Za por "ese 2,8% de suelos comerciales" y defendió los procedimientos como "transparentes y ajustados a la ley. Y los beneficios de este proyecto son para la sociedad aragonesa, la DGA tiene un 51% de Pla-Za, el ayuntamiento un 12% y CAI e Ibercaja un 18% cada una. No hay terceros".

Bizén Fuster, de CHA, le leyó al consejero una declaración en la que éste afirmaba que los usos comerciales eran complementarios y que ahora había cambiado la estrategia. "Sólo en lo comercial se deja barra libre", espetó Fuster en relación a que un sólo propietario desarrolle el proyecto. También se interesó por si había un informe de la Comisión Jurídica Asesora que recelaba de la alteración de usos comerciales. Velasco dijo que no había ningún informe de la comisión sobre esa cuestión y aclaró que el importe de la subasta está "un 80% por encima de las previsiones del plan financiero. Si fuera un chollazo no hubiéramos recibido dos propuestas, sino 20 o 30".

También aclaró que el pliego de condiciones de la puja advierte que hay una moratoria para abrir grandes superficies. "Aunque yo tengo la opinión de que en el 2005 se termine la moratoria. Pero que nadie se llame a engaño, en la subasta gana quien más pague".

"Nadie paga 80 millones por si puede hacer algo, sin conocer las posibilidades de actuar", replicó Fuster, quién reclamó que si se modificaban los usos debían haberles consultado.

Velasco recordó que las condiciones de la puja "permiten a los compradores devolver el suelo si no se levanta la moratoria, pero habremos ganado la financiación durante dos años". El consejero se preguntó si no se estará intentando "frenar los suelos de Pla-Za para dar mejores posicionamientos al resto. Taponen a uno y benefician a otros. Yo defiendo lo público", remató.

Velasco se refería a distintas actuaciones como Valdespartera, donde sobre 1,8 millones de metros cuadrados de actuación se destinan 69.000 a uso lucrativo no residencial (3,79%); o al plan parcial de Arcosur, con 2,4 millones de metros cuadrados de edificación neta de los que 241.534 son compatibles con usos comerciales. O el futuro Parque Tecnológico de Reciclado, con 144.000 metros cuadrados (la mitad que Pla-Za). "Ikea va a Puerto Venecia y todos vamos a aplaudir. La iniciativa privada habrá hecho negocio, pero si intentamos defender un negocio público a todos se les ponen los pelos de punta".