El 2 de diciembre del 2002 el que era consejero de Medio Ambiente y secretario general del PAR, Víctor Longás, dimitió. Lo hizo después de comparecer en la comisión de investigación creada en las Cortes de Aragón para dilucidar el llamado caso Euroresiduos. Proclamó la legalidad en la tramitación del expediente del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, en Zaragoza, y acto seguido se fue.

Esta fue la última comisión de investigación creada en el Parlamento autonómico. El caso Euroresiduos no estaba judicializado. Las conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo fueron remitidas a la Fiscalía, que tras estudiarlas archivó el caso. Longás fue la única víctima. Desde entonces, Aragón vivió en la placidez del periodo de Marcelino Iglesias. Todo se había hecho bien en una comunidad alejada de los escándalos y de la corrupción. Todo fue maravilloso hasta que dejó de serlo; hasta que salieron a la luz asuntos tan turbios como el de La Muela, y ahora el de Plaza en sus diversas variantes.

Hasta la creación de la comisión de investigación por el caso Euroresiduos, en el 2002, el Parlamento autonómico había impulsado hasta en siete ocasiones iniciativas de semejantes características. La primera fue en 1984, cuando se investigó sobre Francisco Seral Íñigo, a puerta cerrada. Luego llegaron otras, como la que puso el foco sobre la gestión del expresidente socialista José Marco (1994), o la que se centró en el periodo de Emilio Eiroa (1994). Incluso se intentó clarificar la percepción de indemnizaciones, gastos de desplazamiento y dietas de los diputados durante la primera legislatura (1998); o se analizaron los posibles efectos contaminantes de la industria Inquinosa, en Sabiñánigo (1989).

Transcurridos doce años desde que se creara la última comisión de investigación, las Cortes aprobarán este mismo año otra, que se centrará en el caso Plaza. El asunto está en los tribunales y los diputados tendrán que aclarar si existen responsabilidades políticas en este entramado. En medio del tedio que aplasta la actividad del Parlamento, esta iniciativa puede despertar algo de interés en la ciudadanía. Y quizás arrojar algo de luz en una asunto que al final tendrán que dirimir los jueces.

La actividad de una comisión de investigación de estas características está regulada por el reglamento de las Cortes. Para su creación es necesaria la firma de al menos dos grupos parlamentarios, o la quinta parte de los diputados. La Mesa y la Junta de la Cámara debe dar el visto bueno a la iniciativa, que posteriormente pasa al pleno, que deberá autorizar su puesta en funcionamiento y establecer el plazo de finalización de sus trabajos. Estará integrada por un aforado de cada partido y los acuerdos se adoptarán mediante voto ponderado.

En su primera sesión, la comisión tendrá que elaborar un plan de trabajo. Para el desempeño de su misión, en este caso esclarecer lo sucedido en la gestión de Plaza, podrán requerir, por conducto del presidente de las Cortes, la presencia de cualquier persona. Los citados deberán recibir la notificación con tres días de antelación y se hará bajo apercibimiento de las sanciones establecidas en el Código Penal. Al inicio de cada comparecencia, el presidente de la comisión advertirá al convocado de la sanción que el Código Penal establece para quien falte a la verdad en su testimonio. Las conclusiones de la comisión, que no serán vinculantes para los tribunales no afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen, que será debatido en el pleno. Una vez aprobadas serán publicadas en el boletín de la Cámara. La Mesa puede remitirlas al Ministerio Fiscal.