¿Puede el Ayuntamiento de Zaragoza sobreponerse a perder 75,8 millones de ingresos anuales, más del 10% de su presupuesto? ¿Merece una familia renunciar a una casa familiar heredada por no pagar miles de euros de un impuesto? ¿Es justo que la Administración recaude con la supuesta revalorización de unos inmuebles que todos los expertos aseguran que no es tal? El fallo del Tribunal Constitucional ha abierto en canal la sangría de un impuesto de plusvalía que en los últimos años ha servido como fuente de financiación de las arcas municipales dejando tras de sí casos «sangrantes». Como el de hogares desahuciados que además tenían que afrontar este tributo (ahora ya no se da).

Por un lado, está la visión de los ayuntamientos, que ahora no solo se enfrentan a la más que probable pérdida de ingresos por la plusvalía, sino al impacto que podría tener una hipotética devolución de lo ingresado. Es inconstitucional pero se seguirá cobrando hasta que los tribunales ordinarios de cada comunidad autónoma empiecen a aplicar, caso a caso, la doctrina del Constitucional. Cuando los tiempos son decisivos, además, para el contribuyente y, en el caso de Aragón y Zaragoza, con una contestación social contundente por este impuesto y el autonómico de Sucesiones.

Para la Administración local era una obligación legal cumplir con su recaudación, pese a que no todos los consistorios han actuado igual. «Algunos han aplicado la exención del 100%», decía ayer el presidente de la UCA Aragón, José Ángel Oliván, y otros, como el de Zaragoza, han culpado durante años al Gobierno central a la vez que no modificaban ni una décima del 30% del tipo impositivo que se aplica de coeficiente, el máximo que le permite una ley. «Que los ayuntamientos se consideren víctimas es un chiste, un sarcasmo de gran calado», añadía.

Quizá sea el momento de escuchar a los expertos. El coordinador técnico de Tinsa en Aragón, Rafael Espés, aseguraba ayer en declaraciones a este diario, que el precio del metro cuadrado útil ha bajado «un 50%» de media desde el 2007 hasta ahora, aunque «en el último año se ha estabilizado» pero «difícilmente volverá a ser el de entonces». Un descenso, desigual por barrios en Zaragoza («se notó más a partir del primer ensanche de la ciudad», afirmaba) y que no deja de ser un promedio en todo Aragón que no oculta, en la horquilla, la «fortísima» disminución en zonas como el Pirineo o la «devastadora» de ejemplos como La Muela o municipios del área metropolitana de Zaragoza, de «hasta el 70%».

Caída en picado

Son localidades que antes de la crisis se beneficiaron de que los ciudadanos «perdieran el miedo a desplazarse en coche» del trabajo al domicilio cada día, se dotaron de servicios, equipamientos e infraestructuras que revalorizaban las viviendas nuevas. Pero que hoy esos inmuebles se han devaluado. O empresas que adquirieron suelo que hoy no cogerían «ni regalado» porque «ya no es inversión, sino gasto». Los «potenciales afectados» de la plusvalía son quienes compraron «entre el 2002 y el 2007» a precios que aumentaban incluso mientras avanzaba la construcción («hasta un 25%) y que, tras el estallido, no pueden pagar, malvenden y encima pagan el tributo.

El metro cuadrado ha bajado hasta en los pisos de lujo, «de 7.000 euros a 4.500», un 40%. Pero ahora funcionan, en zonas como la plaza del Pilar o Europa, oro puro en tiempos de bonanza. Los más normales «valían más de 3.000 y ahora menos de 2.000». Esa es la foto fija.