El exfiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo denunció ayer las "irregularidades" y la "corrupción" en la gestión del agua en España y consideró que hay "una excesiva presencia de intereses privados en la gestión de un bien público". En su opinión, siempre son "las mismas" empresas hidroeléctricas y grandes constructoras las que están detrás de los proyectos hidráulicos más ambiciosos, por lo que indicó que sería deseable "una moratoria" de las actuaciones previstas en el Plan Hidrológico Nacional, entre ellas un macrotrasvase del Ebro.
Jiménez Villarejo auspició la presentación en Madrid de un informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) que lleva por título Aguas limpia, manos limpias. Corrupción e irregularidades en la gestión del agua en España . El documento recoge algo más de tres decenas de casos en los que la actuación de la Administración hidráulica es irregular o, cuando menos, cuestionable. Los autores concluyen que no se trata de hechos "aislados", sino que es posible sistematizarlos. La conclusión es dura: "El abundante número de casos de desgobierno hidráulico y de manejo fraudulento de fondos públicos se relaciona con una actividad planificada, consciente y decidida de grupos de presión".
El exfiscal anticorrupción no sólo hizo suyo el informe, que calificó de "muy riguroso y muy serio", sino que incidió en las denuncias que recoge (que son "un botón de muestra" de lo que sucede en el país, según Pedro Arrojo, presidente de la fundación y profesor de la Universidad de Zaragoza).
COMUNIDAD DE INTERESES Jiménez Villarejo opinó que en los grandes proyectos hidráulicos "alguna comunidad de intereses tiene que haber" y explicó que hay "una presencia importante" del sector eléctrico y las grandes constructoras "en la puesta en marcha" de dichos proyectos.
Destacó el hecho de que entre los casos del informe haya una decena de causas penales (entre ellos, los que afectan a exaltos cargos de Medio Ambiente por Yesa y Santaliestra). Y señaló que el porcentaje es notablemente alto. Por eso, reprochó a la Administración su comportamiento: "Si hubiera responsabilidades penales, sería corrupción delictiva; si no, corrupción por arbitrariedad o abuso de poder. Eso se traduce en mil trampas e irregularidades que dejan al ciudadano indefenso".
Jiménez Villarejo imaginó la ejecución del macrotrasvase del Ebro en estas condiciones y concluyó que lo "razonable" sería "una moratoria de las grandes obras" del Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Junto al exfiscal presentaron el informe Arrojo, Julia Martínez, bióloga y coordinadora del proyecto, y los juristas Abel La Calle (miembros de la FNCA) y Eduardo Salazar. Martínez expuso diferentes ámbitos en que se han detectado irregularidades, desde el hidroeléctrico hasta el urbanístico pasando por vertidos incontrolados o regadíos ilegales.
Arrojo subrayó que la fundación ha recopilado las causas para sistematizar "perfiles de las acusaciones o de las sentencias". El informe es un avance y recoge algo más de 30 casos de los 200 en estudio. Se completará en unos cuatro meses con fichas de todos los casos y se abrirá una página web que se irá actualizando conforme avancen los casos
El profesor indicó que el informe será trasladado a Bruselas, que aún debe decidir si financia o no el trasvase. Al respecto, La Calle comentó que la UE exige el cumplimiento estricto de las normativas comunitarias para otorgar ayudas y que España "ya ha vulnerado" algunas directivas, como la de Hábitats.
