Las viviendas protegidas usadas se siguen vendiendo con dinero negro

De momento, ni el Ejecutivo autónomo ni el Ayuntamiento de Zaragoza ejercen su derecho de tanteo, compra y retracto, tal y como establece la Ley de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida. Y así es como estos pisos están incluidos en el mercado inmobiliario a unos precios muy superiores a los que les corresponde.

UNA VENTA AL DIA Aunque el volumen de este tipo de transacciones no puede compararse con la de primera obra, en Zaragoza, por ejemplo, se está vendiendo una VPO usada al día de media. Según los datos de la DGA, y en los dos últimos meses, en Zaragoza se han vendido 60 VPO, cuatro de ellas de promoción pública y el resto, privadas. En Huesca, un total de 17 y en Teruel, 12.

"Se trata de un problema fiscal, y no de vivienda. Desde la DGA podemos asegurar que todas las transacciones acceden en las condiciones legalmente establecidas. Y esto es un avance", aseguró el director general de Vivienda, Julio Tejedor, en referencia a la obligatoriedad de presentar ante notario el certificado de haber ofrecido el piso en primer lugar a la DGA y, posteriormente, al ayuntamiento.

No obstante, la Administración asume que podría actuar en algunos supuestos. Como por ejemplo a través de un muestreo obtenido del total de peticiones de compraventa o iniciando determinadas diligencias para una inspección fiscal. "Hasta ahora, la Administración se ha centrado en la puesta en marcha del registro único como instrumento de adjudicación. Pero nos estamos planteando estudiar el tema", añadió Tejedor. No obstante, quien venda o compre VPO de segunda mano con dinero negro sabe que se arriesga a una inspección.

"Los pisos se ofrecen primero a la DGA, que siempre contesta mediante un certificado el haber recibido la propuesta. Y después a Urbanismo del ayuntamiento, que sin embargo ni contesta y hay que ir personalmente a recoger el papel que hay que presentar al notario", aseguran las inmobiliarias, que insisten en que este tipo de ventas no son fáciles de realizar.

A pesar de ello, muchos de los carteles que cuelgan en los portales de la ciudad son de VPO. "No hay por qué preocuparse, ya que nadie pondrá ninguna pega. Tan sólo hay que esperar varios meses para obtener todos los permisos", afirma uno de los vendedores particulares al ser preguntado por las posibles dificultades que encontraría el comprador de su piso. Una vivienda de 80 metros, con garaje y trastero, por la que pide 160.000 euros (26,5 millones de pesetas), 75.000 de ellos (14 millones) en negro.

Para optar a una de estas Viviendas de Protección Oficial es necesario cumplir una serie de requisitos económicos, que se demuestran con la declaración de la renta. Sin embargo, la persona que compra una VPO con dinero negro tendrá dificultades para obtener, por parte de los bancos, una financiación por el importe total del piso, en lugar de por lo escriturado. Además, el comprador debe saber que sólo podrá deducir en la declaración de la renta la parte escriturada.

En cuanto a los potenciales compradores de estas viviendas, en primer lugar surgen los vendedores de otra VPO que quieren colocar el dinero negro obtenido. También se incluyen aquellas personas que no necesitan declarar ante Hacienda una vivienda habitual. Y aquellos ciudadanos llegados de otros países con dinero que no quieren que aflore a la superficie.

Sin embargo, uno de los datos que más sorprende en el sector inmobiliario es que la propia DGA pida que el documento oficial de compraventa de VPO que se debe adjuntar a la Administración no se firme por las partes. "Si se pretende que el comprador de una VPO denuncie la petición de dinero negro por parte del vendedor, ¿por qué no facilitar la labor con esta firma?", se preguntan. Suelo y Vivienda contesta que el documento tan sólo se atiene a lo que dicta la ley.