La comisión parlamentaria de la CAI ha realizado una auditoría intensiva sobre la gestión de la caja que le lleva a concluir que la entidad se condujo durante los últimos años con demasiadas irregularidades y sin ninguna prudencia. En cambio, ha perdido la oportunidad de realizar un chequeo igual de contundente sobre las lagunas políticas que impidieron prevenir y, en su caso, corregir esas deficiencias. Que la gestión de la caja había sido errática lo sabíamos. Lo que no sabíamos, y seguimos sin saber, es qué hacían los políticos insertados en los consejos de administración y las asambleas de la entidad, aparte de cobrar alguna dieta. De eso debería haberse ocupado una comisión tan bienintencionada en sus planteamientos como timorata en sus conclusiones cuya principal misión no era pormenorizar lo obvio, sino depurar responsabilidades políticas.