El Ayuntamiento de Zaragoza examinará la gestión realizada con la concesión de la navegación fluvial desde el 2007 y hasta el 2011 con una comisión de investigación, una fórmula que no se usaba desde el año 2009, con la polémica de los muebles del Seminario. Y la decisión se tomó por unanimidad en un pleno extraordinario convocado a petición del PP en el que todos los grupos, salvo el PSOE, expresaron también su rechazo al dragado del Ebro.

No salió adelante la petición de los conservadores para reprobar al alcalde Juan Alberto Belloch ni para pedir la destitución del teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, lo que no fue óbice para que fuera el centro de las críticas de todos los grupos salvo del suyo propio, dado que fue el único responsable de la bancada del PSOE que participó en el debate. El popular Sebastián Contín le echó en cara sus "embustes" y "hundir todo lo que toca", el nacionalista Juan Martín habló de "contradicciones flagrantes" y el edil de IU, Raúl Ariza, lo hizo directamente de "chapuza".

CONTRATO Tampoco se aprobó la moción del PP para pedir la rescisión del contrato, ahora en manos de la sociedad del Parque de Atracciones después de que la anterior concesionaria, Turismo Ebro Fluvial, le vendiera el contrato por 400.000 euros. De hecho, este fue uno de los argumentos esgrimidos por Blasco para aducir que el pleno "no venía a cuento" justo "ahora que se está arreglando" la navegación, dado que la nueva empresa ha adquirido barcos de un menor calado y que ha renunciado, en un acuerdo privado, al dragado y a recibir compensación económica en caso de déficit.

Pero estas razones no sirvieron al teniente de alcalde para escapar de las críticas, sobre todo en uno de los puntos con los que más fuerza arremetieron los populares: desde el consistorio no se dio publicidad a petición de Turismo Ebro Fluvial en los juzgados para rescindir la contrata por su inviabilidad económica y, de hecho, en esa misma época se sucedieron declaraciones de distintos responsables municipales defendiendo la rentabilidad del servicio. "Mientras la empresa iba al juzgado ustedes sonreían. Usted ha faltado a la verdad y eso es mentir", indicó el portavoz adjunto del PP, Pedro Navarro.

"No hay obligación de dar cuenta de las demandas judiciales, sino de sus resoluciones", le contestó Blasco, que defendió que no serán precisos más dragados y que al servicio no se le puede imputar la inversión realizada en el azud, una obra, de hecho, impulsada por el PP en los tiempos de alcalde de José Atarés. "Han votado hasta 14 veces a favor de este proyecto", se defendió Blasco.

Por eso, dependiendo si se computaba la inversión realizada en el azud, la cuenta de resultados salía desigual a los grupos. Mientras el PP denunció que los barcos habían salido a los zaragozanos por "5,5 millones de euros" --sin contar el azud--, IU y, sobre todo Chunta, elevaron la cifra al considerar que esta infraestructura estaba destinada ex profeso a garantizar el paso de las embarcaciones. "Cada uno de los 53.650 pasajeros que han llevado los barcos nos ha salido a 395 euros", indicó Martín, que transaccionó las mociones del rechazo al dragado y de la comisión de investigación.