El Ayuntamiento de Zaragoza tiró ayer de la Cuenta General del 2013 para responder a las acusaciones lanzadas por el informe provisional de la Cámara de Cuentas de Aragón que apuntaba a que en la liquidación del ejercicio 2011 había un desfase de más de 350 millones de euros entre las cifras aprobadas y las que deberían haberse presentado. Por eso, un día antes de dar cuenta al Gobierno de la ciudad, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, convocó a los medios para anunciar que la capacidad de financiación del consistorio asciende ya a 92,3 millones, en positivo, muy alejada de los 103,4 en negativo que arrojaba en el 2010 o de los 56,7, también en negativo, que desembocó en el plan de ajuste municipal. Más de 200 millones de mejoría en su capacidad de financiación y en solo cuatro años. Y 149 con respecto al año fiscalizado por la Cámara.

Así es cómo Gimeno hizo público un documento que tradicionalmente ha pasado inadvertido en el consistorio, por más que refleje su estado financiero real. De hecho, el último, el referido al ejercicio 2012, ni siquiera se debatió en el pleno. Pero el responsable de las finanzas municipales, muy tocado desde que se hizo público el informe provisional de la Cámara de Cuentas y con ganas de probar que este indicador, el de la estabilidad presupuestaria, cumple ahora con lo que exige Europa, quería demostrar que ese nefasto 2011 ha culminado, tres años después, en una "mejora sustancial", aumentando en "casi 150 millones de euros" su capacidad de financiación. Con los planes de pago a proveedores, con ajustes en las contratas y, sobre todo, con una mejora en los ingresos.

LA CUENTA 413

Así, entre el impuesto de plusvalía, el de bienes inmuebles tras la revisión catastral y el de algunas tasas municipales se ha logrado superar en "más de 26 millones de euros" las previsiones iniciales, elevando la cifra final hasta los 709,1 millones en el 2013. Esto supone mejorar en 67,9 los que se percibieron en aquel 2011, pero también son 64,5 menos que los obtenidos en el 2010. O 113,1 millones menos que en el 2012, aunque teniendo en cuenta que se recibieron 171 del Estado con el plan de pago a proveedores y el crédito del ICO, serían 57,9 más que los ordinarios de un ejercicio normal.

Aún así, ese mismo crédito del ICO justificaría que la deuda a largo plazo se incrementara tanto en el 2012, ya que pasó de los 757 millones del 2011 a 882 en solo un año. Una cifra que se ha reducido, según la cuenta general del 2013, a 861 en el año pasado, solo 21 menos. Pero la previsión municipal apunta a que a finales de este año podría bajar de los 800 millones y dejarla en 798, un total de 63 millones de reducción.

Otro de los datos relevantes que deja la cuenta general del ayuntamiento está relacionada con la polémica cuenta 413. Así es como se denomina a lo que popularmente se conoce como facturas en los cajones, otra de las cuantías que, según los datos oficiales, se ha reducido de forma drástica en los últimos tres años. En el 2010 eran 92,5 millones los que estaban pendientes de aplicar al presupuesto y un año después esta cifra se elevaba a los 128,6. Tras el plan de pago a proveedores del Gobierno central y en el primer ejercicio en el que se aplicaba el plan de ajuste, en el 2012, esta se redujo hasta los 47,9 millones. Al final del año pasado se quedó en 27,8 y la previsión del Gobierno municipal, según aseguró el vicealcalde ayer, es que se bajará hasta los 20 en este ejercicio para "en el 2015 dejarla a cero".

Por otro lado, también ha evolucionado positivamente el remanente de tesorería para gastos generales. El 2010 y el 2011 se cerró en negativo, con 4,5 y 9,2 millones, respectivamente. Pero tras aplicar el plan de ajuste municipal, el 2012 ya se cerró en positivo, con 13,4 millones, y el año pasado, con 3,4. Aunque hay que tener en cuenta que la Cámara de Cuentas de Aragón no hace el mismo cálculo, y que Gimeno, tal y como recordó ayer, asegura que esa es la única forma de hacerlo, siguiendo instrucciones del Ministerio de Hacienda. Mientras, la provisión de saldos de dudoso cobro se ha elevado a 49,3 millones, 26,1 más que aquel polémico 2011.