Solo han transcurrido cinco meses de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba el cobro del impuesto de plusvalía -formalmente denominado sobre el incremento del valor de bienes de naturaleza urbana- en aquellos casos en los que se comprobara que había una depreciación del precio, y el efecto se empieza a notar en los juzgados. Con sentencias condenatorias como las dos que adelantó ayer EL PERIÓDICO que condenaban al consistorio a devolver lo cobrado. Dos fallos que repercuten en las arcas municipales y que no se espera que vayan a ser los únicos. El aluvión de litigios ya está llegando a los tribunales y en este mismo plazo son 11 los casos que la ciudad ya lleva perdidos.
Pero la situación, preocupante para el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), no le va a hacer cambiar de posición. Por motivos que ayer exponía el teniente de alcalde de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, quien aseguró que se recurrirán ambas sentencias en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La primera, que a los 11 casos con final desfavorable para los intereses municipales hay que contar «otros 27» en los que el juez le ha dado la razón al ayuntamiento. Los últimos, dijo, la semana pasada, «tres casos de minusvalías en Plaza». Porque, en su opinión, «cada uno cuenta las cosas como quiere y los abogados informan de sus éxitos y esconden sus fracasos».
«CIERRE» DE AYUNTAMIENTOS
El segundo motivo, mantiene el mismo argumento que en los últimos cinco meses y señala directamente al Ejecutivo central. «La clave sigue siendo la misma, que el Gobierno estatal cumpla con su trabajo, que no lo está haciendo», aseguró. Porque la ley, tal y como está, deja a los consistorios vendidos de cara una litigiosidad que, según los expertos, va en aumento en la capital aragonesa.
«El Gobierno vasco tardó solo un mes en modificar la ley que ayuda a los ayuntamientos a saber qué hacer con la plusvalía. Es el de España, por legislación autonómica, por precepto constitucional y por mandato del TC quien debe cambiarla y decirnos a todos qué hacemos», explicó. Porque, en su opinión, mientras eso no suceda, lo único que se puede hacer es «cumplir con la ley y cobrarlo de la manera injusta que el Gobierno central decide que hay que cobrarlo».
En este sentido, recordó que la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva planteadas al Ministerio de Hacienda «dos propuestas que no han sido atendidas» y los denominados ayuntamientos del cambio, en una reunión de trabajo celebrada en Valencia, plantearon «que el impuesto debería desaparecer y convertirse en un factor más dentro del IRPF que Hacienda cobra y devuelve cada año, para ver si ha crecido o no el patrimonio de una persona».
De hecho, el responsable de las finanzas municipales aseveró que lo único que no se puede hacer en estos momentos es suspender el cobro. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe dar una solución definitiva a esta situación porque «Zaragoza en el 2016 recaudó 56 millones de los 75 que tenía reconocidos, y si el Gobierno de España le deja sin el segundo impuesto (en volumen de ingresos generados) de los tres que puede cobrar, lo cierra». Eso es, exactamente, lo que podría suceder, a su juicio, si se suspendiera el cobro del tributo en la capital, y en la mayoría de ayuntamientos del país, que siguen pendientes de una respuesta de Madrid que no llega. Mientras los casos se suceden.
400 CASOS VIVOS
Los abogados expertos en estos casos, como el letrado Santiago Palazón, consideran que lo más inteligente sería precisamente supender el cobro. Porque, según sus cálculos, en la capital aragonesa podría haber a estas alturas «unos 400 casos vivos» pendientes de resolución. Aseguró que estos litigios como los que acaban de obtener respuesta positiva «han aumentado un 20%» en los despachos de letrados de la ciudad desde que se pronunció el TC y que «aún quedan muchos por dar el paso».
El volumen puede llegar a ser inabarcable si se extiende el efecto llamada que, sin duda, considera que han generado las resoluciones judiciales. Y, de hecho, Palazón aseguró que sopesa dirigirse al juzgado «para pedir ex novo la imposición de una obligación de hacer al ayuntamiento sebre la base de que ya hay dictadas al menos dos sentencias desfavorables» para el ayuntamiento. Es decir, que un juez sea quien determine qué debe hacer Zaragoza, si dejarle seguir cobrándolo o instarle a suspender la recaudación.
Porque el ayuntamiento de la capital aragonesa lo que ha hecho es paralizarlo en los casos en los que existe recurso del contribuyente, no hacerlo de facto para todos los suspuestos en los que pueda haber minusvalía en el precio. «El ayuntamiento es consciente de que de los 75,8 millones que dijo haber recaudado en el 2016 en los tribunales va a tener que devolver 75», expuso Santiago Palazón, que anima a los ciudadanos a actuar.
