El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) asistió impertérrito a su enésimo harakiri de legislatura. Se quedó solo en su intento de evitar la retirada del expediente con el que quería sacar a la capital aragonesa del plan de ajuste que le ata, le controla y le impide acometer muchas inversiones que no puede afrontar con sus recursos. Porque toda la oposición abandonó a sus nueve concejales. Veintiún votos a favor de no debatir el fondo pero sí las formas, caracterizadas, según señalaron el PP, PSOE, Ciudadanos (C’s) y ayer también Chunta, por la «ocultación» de información necesaria para valorar la decisión; por incumplir y no respetar la palabra dada hasta por el alcalde Pedro Santisteve de proporcionársela; y por «mentir». Por todo ello, no solo se lo impidieron sino que, además, le hicieron responsable de ello.

«Excusas». El responsable de las finanzas municipales, Fernando Rivarés, respondía así al aluvión de críticas. A su juicio, a los grupos de la oposición «la cobardía les impide reconocer la buena gestión» de ZeC. Y no quieren que sea este Gobierno el que saque a Zaragoza del plan de ajuste cinco años antes de lo previsto, que es cuando vencen los dos préstamos que aún le sujetan a esa tutela del Ministerio de Hacienda. Ambos, suscritos en su día por el plan de pago a proveedores, ayer pretendía cancelarlos tras aprobar en el pleno que se dediquen a ello 11,35 de los 17 millones del remanente de tesorería del 2016. Y que el resto, 5,6, sirviera para abonar las obligaciones pendientes de consignar en presupuesto (las facturas en los cajones).

«Piden la retirada para no tener que votar no a la salida del plan de ajuste», apostilló el edil de ZeC, quien afirmó que los bancos estarían encantados de financiar al ayuntamiento pero «solo piden que salga antes del plan de ajuste». Así, el daño no se le hace a ZeC sino a Zaragoza.

RECHAZO UNÁNIME // «Se va a retirar porque la mayoría del pleno va a pedirle que lo retire», le replicaba el conservador Jorge Azcón. El portavoz del PP, especialmente duro con Rivarés, le culpó de esta derrota por su «mentira, ocultación de la información y falta de capacidad de diálogo». Aseguró que los bancos «no se fían» de ZeC, y les genera una «inseguridad jurídica» que, como a la oposición, «no cumpla su palabra». Y que el problema de fondo son «los cuentos de Rivarés» que, dijo, «no se sostienen en los papeles» y por eso no los muestra.

Para el socialista Javier Trívez, lo ocurrido es el «paradigma» de cómo actúa ZeC: «Impone sus tesis cuando gobierna y, cuando necesita al pleno cuenta lo que hay que hacer porque algo divino les ha dicho que no hay alternativa y la única salida es la que coincide con sus intereses». Además le dijo que «está faltando a la verdad y no está dando toda la información», cuestionando que cancelar esos préstamos sea lo que más dinero ahorre a la ciudad. Y eso importa más, parecía, que salir o no del plan de ajuste.

«Nos ha dado, como en la carnicería, cuarto y mitad» de la información, defendía Sara Fernández, de Ciudadanos (C’s) para explicarle a Rivarés que no incorporó los datos reclamados y que lo hizo porque, en realidad, «estamos sujetos hasta el 31 de diciembre a un plan económico financiero que nos constriñe igual y no nos deja endeudarnos ni crear sociedades como querría ZeC». A su juicio, debería dedicarse el remanente a abonar facturas pendientes, pero el Gobierno «prefiere pagar a los bancos antes que a proveedores». «O piensan que somos tontos o que actuamos como ustedes, que toman decisiones porque alguien les dice que los informes serán positivos. Nosotros sí leemos los papeles», añadió.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, opinó que falta información para poder decidir. Y que debe cumplir con su promesa a la junta de portavoces «y puede salir respaldado por todos». Incluso en el plazo de «una semana». Para él, «no es una cuestión de valentía, sino de sentido común».