Las grandes instalaciones energéticas en campo abierto representan una importante amenaza para las aves. Tendidos de distribución eléctrica y generadores eólicos son motivo de preocupación cada vez más frecuente. Ahora se han conocido los datos relativos a la Región de Murcia, proporcionados por el Gobierno autonómico, que demuestra la gran cantidad de especies protegidas que mueren por este motivo.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente la muerte de 933 aves y 8 mamíferos en tendidos eléctricos de la Región de Murcia durante los últimos ocho años. Los datos fueron remitidos por la Dirección General del Medio Natural y tras el análisis de los datos, ANSE ha remitido una denuncia a la Fiscalía, que ya había abierto una investigación, según informa en su web esta entidad.
La denuncia vuelve a solicitar la intervención del Ministerio Público para poner fin a esta situación, puesto que teme que la Administración regional no esté actuando con la contundencia necesaria.
La asociación no duda en calificar de “inasumible” el número de bajas que se producen en los tendidos eléctricos de la región, pues la mayor parte de los incidentes registrados corresponden a especies protegidas, «incluyendo un número desorbitado de ejemplares de especies gravemente amenazadas«. Algunos ejemplos ilustran la magnitud del problema: en estos últimos 8 años ha perecido casi 300 ejemplares de búho real (Bubo bubo) o más de 150 cernícalos (Falco tinnunculus). Otras especies muy afectadas son el buitre leonado (61), el águila culebrera (51) o la cigüeña blanca (43). Mención especial merece el águila perdicera, una especie catalogada ‘En Peligro de Extinción’, que cuenta con 24 parejas en la Región, y que ha perdido 42 ejemplares. En las últimas semanas, ANSE, ANIDA y STIPA han trasladado a la Fiscalía la muerte de 11 búhos reales (3 en Yecla, 2 en Mazarrón, 6 en Jumilla) acaecidas en fechas recientes y donde «no se han adoptado medidas».
La cifra real puede ser aún mayor
«Hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen la totalidad de bajas, sino sólo las registradas por la Dirección General del Medio Natural», recuerda ANSE. Un buen número de cadáveres son retirados o consumidos por carroñeros (zorros, perros), lo que hace imposible su localización. Algunas muertes de aves en tendidos notificadas por ANSE en los últimos años no aparecen en los registros, posiblemente porque no fueron localizadas Además, resulta muy probable que apenas se comuniquen las muertes de especies frecuentes (gaviotas, córvidos, etc). Por tanto, y en aplicación de lo observado en otros lugares, las cifras de muertes reales podrían ser hasta del doble de las registradas.
La Asociación destaca que, en el mes de noviembre, solicitó a la Dirección General del Medio Natural los resultados de la Red de Seguimiento de Tendidos Eléctricos de la Región de Murcia, donde la Comunidad Autónoma recoge datos de la mortalidad de aves en diversos tendidos. La Ley de acceso a la información ambiental establece un plazo de un mes para remitir esta información. Transcurridos dos meses y no habiendo obtenido respuesta, la Asociación reiteró la solicitud, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.
Precisamente, el pasado mes de enero las siete organizaciones ambientales de la Región de Murcia remitieron un plan a la Comunidad Autónoma para acabar en el corto plazo con la muerte de aves. Ese plan pedía que se aplicara tanto la Ley de Biodiversidad como la Ley de responsabilidad Ambiental, y se procediera a la apertura de expedientes sancionadores a los titulares de los tendidos. Precisamente, el oficio de la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo de julio de 2019 considera “irrenunciable la imposición de sanciones en vía administrativa en los supuesto de muerte y lesiones de aves relacionadas con los tendidos eléctricos” incluso aunque existan convenios con las compañías eléctricas.
La Asociación de Naturalistas del Sureste comparte la sorpresa de la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo por la omisión en la aplicación de las leyes que están realizando las diferentes Comunidades Autónomas en la electrocución de tan elevado número de aves, exigen un cambio inmediato en la forma en que se gestiona este problema, y pide que se investiguen las responsabilidades penales que pudieran haberse producido por la inacción de las Administraciones (omisión del deber de perseguir delitos) y de las empresas responsables.
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