Los sonidos y olores del campo, declarados ‘patrimonio sensorial’ por el Senado galo, en defensa de las tradiciones rurales como reacción ante las crecientes denuncias de turistas y segundos residente
El canto de los gallos y los grillos, el olor a establo o el tañido campanas de las iglesias ya son “patrimonio sensorial protegido”... en Francia. El Senado del país vecino aprobó el pasado 22 de enero un proyecto de ley ideado para proteger sonidos y olores que forman parte del entorno tradicional del campo y que, según el texto aprobado, son fundamentales para el equilibrio social y económico del medio rural, para su desarrollo y para ayudar al fomento de un turismo sostenible.
La ley pretende asimismo prevenir los roces entre urbanitas y aldeanos, y salir al paso de las crecientes denuncias de visitantes y segundos residentes, cada vez más frecuentes debido al desarrollo turístico de las áreas rurales.
La nueva ley francesa tiene su origen en una disputa judicial, la protagonizada por el gallo Maurice, cuya dueña, Corinne Seuer, fue denunciada por una pareja de jubilados que tenía su segunda residencia en la isla de Saint Pierre d’Oleron, quejosa por las molestias que les causaban sus quiquiriquís en la madrugada, que consideraban “un trastorno auditivo” y un “perjuicio sonoro”. Acusaban al animal de cantar “demasiado temprano” y con un volumen “excesivo”.
‘Derecho al silencio’ contra ‘derecho al cacareo’
Los denunciantes alegaban que tenían “derecho al silencio” por estar ubicada su vivienda en la zona residencial del pueblo. Seuer, al considerar que el campo tiene “derecho a sus ruidos”, movilizó al mundo rural galo y reunió más de 140.000 firmas de apoyo. El Tribunal de Rochefort acabó dando la razón a la propietaria del animal, rechazó la demanda y condenó a los denunciantes a pagarle mil euros por daños y perjuicios y a asumir las costas del juicio.
Este caso, que generó un intenso debate social en Francia, llevó al diputado de la Unión de los Demócratas e Independientes (UDI) Pierre Morel a l’Huissier (Estrasburgo, 1958) a impulsar la ley que acaba de entrar en vigor. El parlamentario defiende que ciertos ruidos y olores, lo mismo que el paisaje, “forman parte del entorno tradicional de un territorio y son indispensables para su equilibrio como sociedad y para su desarrollo económico”. Y que deben, por lo tanto, ser protegidos.
Pero la iniciativa de salvaguardar el patrimonio rural tuvo un precedente. Bruno Dionis du Séjour, agricultor jubilado y alcalde de Gajaz, un pueblo de 400 habitantes del suroeste francés, había publicado tiempo atrás una carta abierta en la que criticaba a los urbanitas que se trasladan al campo y descubren “que los huevos no crecen en los árboles”. Aquel escrito, en el que el regidor solicitaba que se declarasen “patrimonio nacional de Francia” sonidos del mundo rural como los rebuznos de los burros, los ladridos de los perros o los mugidos de las vacas, tuvo enorme repercusión y su autor recibió un apoyo masivo, incluso del Parlamento.
La nueva norma legal prevé crear de inmediato inventarios regionales del patrimonio cultural rural, con el objetivo de darlos a conocer y estudiar la identidad cultural de cada territorio. El ministro de Ruralidad francés, Jöel Giraud, explicó tras la aprobación de la ley que esta permitirá “que los gallos y todos los animales puedan desarrollarse de forma natural”; obligará a los ciudadanos a asumir esos sonidos y olores del campo y a aceptar que la vida en el campo supone “aceptar algunas molestias”; y ayudará prevenir “desacuerdos entre residentes”.
Conflictos en España
En España, mientras tanto, siguen sucediéndose las denuncias y los juicios por los supuestos perjuicios derivados de las actividades tradicionales del campo. Hay decenas de ejemplos. Una vecina de La Aguilera (Burgos) fue denunciada en 2019 por varios vecinos de una calle por los cantos “demasiado madrugadores” de un gallo. El Ayuntamiento de Aranda de Duero comprobó que los decibelios superaban el máximo permitido por la ley y ordenó al dueño del animal trasladar al animal a otro espacio, bajo amenaza de una multa de entre 12.001 y 300.000 euros.
En el pueblo de Sotu Cangues, en Cangas de Onís (Asturias) el dueño de un hotel rural logró en 2019 que el Ayuntamiento ordenara clausurar un gallinero contiguo tras probar que el cacareo superaba el ruido permitido, según determinó un informe emitido por el Laboratorio Asturiano de Calidad en la Edificación (LACE). El cacareo de las aves no dejaba descansar a los clientes del establecimiento hotelero.
Se han registrado también sonados conflictos y demandas por ruidos en granjas y establos en los últimos años en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), Baltar (Orense), Sant Martí de Centelles (Barcelona), Zuera (Zaragoza), Santa Brígida (Las Palmas)... Y en casi todos los casos la solución municipal o judicial fue condenar a los dueños de los animales.
Lo mismo ocurre en Portugal, donde el Tribunal Supremo emitió en octubre de 2019 una sentencia que creaba jurisprudencia: además de condenar a un matrimonio a pagar mil euros a los vecinos por las “estridencias” de sus gallos y gallinas y a retirarlos del lugar que ocupaban, establece que el derecho al reposo prevalece sobre el de la crianza de animales.
El juez de lo contencioso-administrativo de Oviedo José Ramón Chaves, en su blog delaJusticia.com se hizo eco, precisamente, de la sentencia del Tribunal de Rochefort sobre el gallo Maurice. Considera que presentar el debate como una contienda entre vida urbana y rural, entre turistas y vecinos, es una simplificación. Y que una lectura rigurosa de aquella sentencia lleva a interesantes conclusiones. Por ejemplo, que el juez no dijo que no se pueda tener un gallo en cualquier sitio, sino que abordó si el animal producía un “ruido excesivo” que pudiera ser calificado como “hiriente y molesto para el común de las personas”. Y ese extremo no se probó.
El fallo se centró en que la localidad en cuestión es rural y no urbana, y aunque la actividad de gallinero suele ser calificada como molesta por ruidos, y como tal precisa licencia de actividad, el juez tuvo en cuenta los “derechos adquiridos” de la dueña de Maurice, cuya instalación ya existía antes de que llegaran los veraneantes.
Chaves entiende que en este tipo de conflictos hay soluciones “sin pasar por los tribunales” y considera, al margen del Derecho, que lo primero ha de ser “el contacto personal y apelar a la buena educación y civismo de denunciantes y denunciados”. De tal manera que los denunciantes deberían quejarse “solamente si la situación es constante e insoportable”, y los denunciados “comprender su derecho al descanso y tomar medidas para evitar posibles molestias”.
