El glifosato (N-fosfonometilglicina) es el herbicida más usado en todo el mundo. Por sus múltiples aplicaciones en el control de la maleza, tanto en la agricultura como en el cuidado de jardines o en la propia vía urbana, se ha convertido en el producto fitosanitario más demandado desde los años 90, década en la que se disparó su comercialización. Y, sin embargo, tiene un lado oscuro con cada vez más enemigos.
Debido a que es un herbicida ‘no selectivo’, al ser rociado ataca a cualquier tipo de planta o arbusto sin distinción de especies. Los agricultores suelen emplearlo como un tratamiento previo a la siembra de los cultivos para eliminar las malas hierbas y preparar así la tierra, un trabajo que tradicionalmente tenían que hacer de forma manual arando el suelo. Por otro lado, se han desarrollado cultivos transgénicos tolerantes a este herbicida, denominados ‘Roundup Ready’ o simplemente RR, que pueden ser asperjados con glifosato estando ya cultivados sin riesgo a que sean dañados. Ocurre, por ejemplo, con la soja o el maíz.
Por su gran capacidad destructora de las plantas, el glifosato ha sido empleado incluso en la lucha contra el tráfico de drogas en Colombia, precisamente para atacar los cultivos ilegales de coca, de donde se extrae la cocaína.
Guerra de informes
Este agroquímico apareció en los años 70 con el nombre de Roundup, un producto desarrollado por la multinacional estadounidense Monsanto, adquirida por la gran farmacéutica alemana Bayer en 2018 por 63.000 millones de dólares. Hasta el año 2000, la compañía americana ostentó la patente del glifosato, pero desde entonces otros fabricantes se han sumado a su fabricación y comercialización. Solo en España se calcula que existe más de un centenar de productos desarrollados a partir del glifosato.
Sin embargo, este producto lleva años en el centro de la polémica entre la comunidad científica, los grupos ecologistas y el sector agrario, debido a los posibles efectos toxicológicos y ambientales que, según apuntan algunos estudios, puede provocar, así como los riesgos que puede suponer para la salud humana.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, institución perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), concluyó que el glifosato es un herbicida “probablemente cancerígeno para los humanos” y lo clasificó en el grupo 2A, una categoría en la que se incluyen todas aquellas sustancias de las que hay una evidencia limitada de su carcinogenicidad.
Tras este anuncio de la OMS, la Comisión Europea encargó a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) un análisis de toda la información disponible entonces sobre el glifosato y, por tanto, una evaluación del riesgo de este producto fitosanitario para la salud humana, que determinó como “poco probable” que “suponga un riesgo carcinogénico para los humanos”.
Con esta conclusión, en noviembre de 2017 la Unión Europea decidió renovar la licencia de este herbicida durante cinco años más, un acuerdo que contó con 18 países a favor, nueve en contra y una abstención. Entre los países que apoyaron su prolongación se encontraban España, Alemania o Reino Unido; en contra votaron estados como Francia, Bélgica o Italia.
No obstante, en 2019 la evaluación de la EFSA sobre los riesgos del glifosato se puso en entredicho después de que un informe encargado por un grupo de europarlamentarios (Socialistas, Verdes e Izquierda Unitaria) denunciase que el documento contenía un 72,8% de plagio, con párrafos completos extraídos de la documentación enviada por Monsanto a las autoridades europeas para la homologación de su producto en el territorio comunitario. Aún así, el uso de este agroquímico cuenta con el visto bueno europeo hasta 2022.
Y aunque ciertamente no hay evidencias suficientes para establecer una correlación entre el uso del glifosato y el desarrollo de cáncer y la propia comunidad científica se encuentra dividida al respecto, lo cierto es que Bayer, propietaria de Monsanto, se enfrenta en Estados Unidos a unas 125.000 causas judiciales por el desarrollo de problemas cancerígenos tras el uso prolongado del agroquímico, unos litigios que la farmacéutica espera solucionar con el pago de 11.000 millones de dólares a las víctimas del Roundup.
Alternativas al glifosato
Por su parte, ante la posibilidad de prohibir el uso del Glifosato, como ya ha ocurrido en Luxemburgo y como hará Alemania en los próximos años, los agricultores denuncian la falta de alternativas a este herbicida, sobre todo en plantaciones extensivas.
El gremio señala que eliminar este producto supondría un incremento en el laboreo para arrancar las malas hierbas y preparar la tierra para el cultivo, una tarea mucho más costosa para los agricultores puesto que implicaría aumentar la mano de obra así como el uso de maquinaria para arar la tierra, incrementando, además, la huella de carbono del sector.
En el lado ecologista, organizaciones como Greenpeace apuestan por la agricultura y la jardinería ecológica libre de productos químicos para el control de las malas hierbas. Entre las técnicas que defienden destacan la rotación de cultivos, la eliminación manual y mecánica o el pastoreo.
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