Los planes del Ministerio de Transición Ecológica sobre el lobo persiguen una expansión territorial de la especie de entre un 10% y un 20% de aquí a 2030. Mientras tanto, los ganaderos han desenterrado el hacha de guerra, arremeten contra la ministra Teresa Ribera, y alertan de los perjuicios que causará la total protección del lobo.

El Gobierno quiere que las poblaciones de lobo ibérico aumenten un 18% y pasen de 297 a 350 manadas en España para el año 2030 y que el área de la distribución de la especie se expanda entre un 10 y un 20 por ciento. Una de las primeras medidas para conseguirlo es dejar de considerarlo especie cinegética también al norte del Duero, donde hasta la fecha está permitida su caza.

Así consta en el borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está elaborando junto con las comunidades autónomas y que ha dado a conocer Europa Press.

El texto defiende a la especie como «parte integral de los ecosistemas españoles» cuya coexistencia con los usos humanos se debe asegurar. Por ello, plantea pasar de las 297 manadas actuales (censo nacional de 2014) a las 350 de aquí a 2030. Además, busca extender su área de distribución entre un 10 y un 20 por ciento en este periodo.

El borrador apuesta por asegurar su expansión «hacia el este» peninsular y «especialmente en el sistema Ibérico» así como hacia «otros territorios donde la conflictividad con los usos ganaderos sea escasa» y exista hábitat suficiente y adecuado.

Precisamente identifica a Sierra Morena (donde la especie se ha extinguido) como uno de esos lugares de «poca conflictividad». En el texto (que está en discusión con las comunidades autónomas), el Gobierno considera que una de las causas de su extinción es «aparentemente» la caza mayor en fincas cinegéticas «privadas del sur de España».

En ese sentido, apunta que «algunos» empresarios cinegéticos «se quejan de que los lobos mueven las reses objeto de caza, lo que provoca un «resultado de las cacerías impredecible».

«Esto puede producir elevados perjuicios económicos al negocio de la caza. En un tipo de caza tan dependiente del manejo humano, la presencia de lobos puede resultar difícilmente compatible», admite el borrador que, como solución cree que habría que «ajustar el sistema de caza vigente en la actualidad».

Otra de las medidas del texto del departamento que dirige Teresa Ribera, pasa por «perseguir y reducir a niveles irrelevantes» la persecución ilegal del lobo, sobre todo con disparos, trampas ilegales o veneno.

La fórmula busca evitar conflictos a través de una mejora de la coexistencia; implantando sistemas de protección de ganado de manera «generalizada» y «con fondos públicos». Al mismo tiempo, pretende vincular las medidas de desarrollo rural y buenas prácticas agrarias para aplicar sistemas de prevención de daños.

Indemnización a ganaderos

Para compensar las pérdidas de ganado por la depredación del lobo, el borrador quiere que se establezcan sistemas de peritación «homogéneos» y pagos «ágiles y justos» a los afectados, siempre que hayan puesto en marcha medidas preventivas. Se pondrá en marcha un registro nacional de daños para fijar unas «directrices comunes de control de ejemplares» en casos «reiterados» de depredación en explotaciones con medidas de prevención.

Con el fin de evitar una pérdida de la capacidad productiva de los ganaderos se promoverá un «pago adicional agroambiental» en la Política Agraria Comunitaria (PAC) que puede suponer un incremento de alrededor del 30 por ciento del pago de la explotación.

En concreto, el presidente de Asaja lamentó que la ministra «sólo se deja aconsejar» por los movimientos ecologistas «más radicales», de tal forma que adopta decisiones «muy arbitrarias, sin analizar las consecuencias».

Barato, quien señaló que el lobo ibérico «no está en peligro de extinción sino en fase totalmente expansiva», afirmó que prohibir su caza supone un «ataque al mundo rural» y se quejó de las «alimañas» que hay en «las mesas» de los despachos, que «hacen poco por defender al mundo agrario».

Asimismo, apuntó que la ministra no le ha convocado a ninguna reunión desde que está en el cargo y cree que ahora es el momento de celebrar una para atajar este problema porque, si no, ve oportuno pedir su dimisión.

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